Por hache o por be, al consumidor, para su disgusto, siempre le surgen motivos para la queja. La venta de productos financieros ha hecho correr ríos de tinta y ha llenado en la última década los juzgados de demandas en pos de la reparación de daños. No han sido ni son (ni serán) los últimos estropicios. El cierre de empresas está dejando atrapados a centenares de usuarios valencianos bien porque adelantaron dinero por cuotas de abono o porque llevaron a reparar algún mueble o aparato electrónico o porque llamaron a la puerta equivocada para reformar su vivienda.
Como coinciden la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) y Avacu, el año pasado fue extraordinario al respecto porque se desató el caso iDental. Estas clínicas odontológicas cerraron el pasado julio -el caso está en manos de la Justicia- y dejaron colgados a miles de clientes en la Comunitat Valenciana que abonaron de forma anticipada sus tratamientos y se quedaron con la dentadura a medio arreglar cuando no destrozada.
Aunque el presidente de Avacu, Fernando Móner, asegura que más allá de iDental los casos de cierres de empresas son los habituales de otros años, el asesor jurídico de la UCCV, Francisco Rodríguez, precisó que en la organización de consumidores ligada en España a la UCE sí han percibido al cierre de 2018 un significativo aumento de los casos de afectados por cierres de empresas. En esta organización, han recibido al menos 200 quejas de clientes de dos gimnasios. Pero los afectados son muchos más. La empresa de masajes Hidrópolis Spa S.L. dejó a finales de julio de ofrecer sus servicios en los gimnasios de Activaclub situados en Nou Mestalla y Aqua de València. Tal como publicó este diario, más de mil clientes habían adelantado entre 30 y 50 euros por ofertas y promociones, que perdieron con el cierre de la cadena. Fuentes de la Generalitat confirmaron a este diario que este caso se encuentra en los tribunales y por ello declinaron ofrecer datos concretos, dado que se encuentran a disposición del juez instructor.
Tiendas informáticas
Francisco Rodríguex añadió otro caso. Tras el cierre del gimnasio Mascenter Sport «unos 50 afectados que habían anticipado pagos por ofertas, incluso para todo el año, se dirigieron a nosotros y acabamos recurriendo a la vía penal pero el juez dijo que no había indicios de delito». A finales del año pasado, a la UCCV llegó otro caso con similitudes pero de otro sector: las academias de idiomas. Se trata de Idiomas 247, que como puede verse en la imagen tomada hace dos semanas aduce problemas con la Seguridad Social para justificar su cierre. Los afectados detectados por la UCCV superan el centenar, también por adelantar dinero.
Los citados son los casos más abundantes, pero todos los años se producen incidentes idénticos en otros sectores. Rodríguez cita las tiendas de informática. En los supuestos en que estos establecimientos cierran sin aviso previo es fácil que la clientela tenga problemas para recuperar un ordenador o un móvil -con posible material sensible- que haya llevado a reparar, siempre y cuando el empresario no haya establecido un mecanismo para devolverlos. Julián Tío, de Avacu, precisa que estos casos no son frecuentes, al igual que el de las empresas de reforma de viviendas que cierran habiendo cobrado parcialmente o con el trabajo a medio realizar. Otros casos pueden ser los de tiendas de reparación de muebles.
Rodríguez asegura desconocer qué sucede con los artículos que los clientes no han podido recuperar. En esta organización se recomienda a los usuarios en todos los casos que presenten una denuncia en la policía o en el juzgado de guardia por apropiación indebida o estafa, también si se trata de academias o gimnasios, siempre que el empresario no esté dispuesto a devolver el dinero adelantado. El abogado apunta al respecto que los dueños de estos establecimientos «no deben hacer ofertas si saben que su negocio no tiene visos de ir a más». Y es que, al margen de los supuestos de estafa, uno de los motivos principales para el cierre de estos locales y comercios procede de problemas de gestión.
Fernando Móner, por su parte, explicó que casos como iDental y otros más minoritarios en número de establecimientos que también se han detectado en otras clínicas de odontología son de una extrema gravedad por el daño que implican para el usuario: «No es lo mismo un tratamiento dental que la matrícula para un curso anual en un centro de idiomas o para un gimnasio», aunque detalló el caso de una academia para el título de piloto que cerró y en el que las cantidades abonadas eran muy elevadas.
