La patronal de empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos de la C. Valenciana (Aecova) no parece dispuesta a asumir la rebaja de tarifas que quiere aprobar el Consell antes de elecciones sin pelear en los tribunales. Las ITV han remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el que reclaman la ejecución forzosa de la sentencia que anuló la anterior rebaja de tarifas de 2014. Esta medida paralizaría la entrada en vigor de los nuevo precios que ultima la Conselleria de Economía, de hasta el 8% a los diésel.
Como viene contando Levante-EMV, la Conselleria de Economía y las empresas que prestan este servicio público llevan toda la legislatura enzarzados en una batalla por el precio de las pruebas que no solo se libra en los despachos sino también en los tribunales.
Los intentos del Consell por rebajar los actuales precios se vieron abortados en el verano de 2017. El TSJ asumía las demandas de las empresas y anulaba las tarifas actuales, establecidas el 1 de abril de 2014 y que supusieron una rebaja sustancial, de casi 10 euros en el caso de los diésel. El tribunal ilegalizaba la rebaja de las pruebas de contaminantes y la sonometría por carecer de un informe económico financiero que la justificara.
Los efectos de aquella sentencia, que obliga a la Generalitat a volver a las tarifas previas a abril de 2014 (es decir, a subir los precios), aún no han sido aplicados. La patronal de las ITV defiende que desde el 18 de julio de 2018 la sentencia es firme, ya que el Supremo rechazó el recurso de la administración. El TSJ, en un escrito a la empresa demandante, daba por firme la sentencia en esa fecha.
Sin embargo, para la Abogacía de la Generalitat, la sentencia no ha sido firme, y por tanto de ejecución obligatoria, hasta el pasado 18 de febrero, cuando el TSJ envió un escrito en que se cita la firmeza de la sentencia y emplaza al cumplimiento del fallo.
Las ITV sostienen que la administración ha incumplido la sentencia de forma deliberada, dilatando el regreso a las anteriores tarifas. Además, aseguran que la conselleria se está apoyando en este último escrito para, en el plazo de dos meses de ejecución voluntaria que marca la ley, aprobar un nuevo cuadro tarifario sin haber cumplido la sentencia de 2017.
En este contexto, la patronal reclama que se obligue a la administración a publicar la sentencia en el Diari Oficial, así como que reponga de manera «inmediata» las tarifas vigentes a la aprobación del acuerdo de 2014 por el anterior Consell.
Esta batalla por las tarifas transcurre en paralelo a otra: la del dinero no ingresado por aquella rebaja de 2014 ilegalizada y que las empresas cifran en, al menos, 80 millones de reclamación patrimonial.
El Consell, no obstante, ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de llegar a las elecciones con un nuevo marco tarifario. Según lo previsto, la prueba del diésel se abaratará de 55,74 euros a 51,16, la de gasolina subirá de 44,39 a 47,08.
