La operación Grand Coral, en la fase previa para la vista oral del juicio en la Audiencia Nacional española, tiene una derivada en México todavía incierta. El diario Excelsior del citado país americano informó el pasado 18 de marzo de que la Unidad de Inteligencia Financiera y el procurador fiscal de la Federación del país iniciaron el pasado mes de enero una investigación sobre la venta de los inmuebles en la Riviera Maya que forman parte de la citada operación. La fiscalía mexicana trata de dilucidar si la mencionada venta comportó un perjuicio económico para las haciendas local, estatal y federal.
En el caso Grand Coral que juzgará la Audiencia están imputadas 48 personas que supuestamente provocaron con dicha operación un perjuicio a Bancaja y el Banco de Valencia de 750 millones. La caja de ahorros fue cofundadora de Bankia y el Banco de Valencia fue absorbido por CaixaBank. Estas entidades, desde 2015, han estado vendiendo por paquetes los terrenos, hoteles y viviendas que constituían la inversión. Según fuentes de la primera, la venta se ha realizado con muchas dificultades en la mayoría de los casos, de «forma competitiva y transparente» y se adjudicaron a quien más ofreció. Estas fuentes afirman que la Hacienda mexicana se ha dirigido a Bankia para pedir datos sobre la venta de los inmuebles, aunque afirman que no les consta que haya abierto una inspección. El rotativo mexicano, por su parte, apunta que de la diferencia entre el coste de adquisición y el precio de venta se ha determinado un perjucio de 580 millones de dólares que habría dado pie a iniciar una investigación para ver si se cometieron delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
