El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del caso Banco de Valencia, ha rechazado el segundo intento de la Fundación Bancaja de quedar excluida de esta causa como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos «que hayan podido cometer sus representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios», según una providencia firmada por el magistrado el pasado 24 de abril.
En un auto del 13 de diciembre de 2017, Pedraz acogió las pretensiones de la Fiscalía para incorporar al proceso como «sujetos pasivos en calidad de responsables civiles subsidiarios», de BFA, matriz de Bankia -donde quedó integrada Bancaja, a su vez accionista mayoritario del Banco de Valencia-, y de la Fundación Bancaja. Tanto BFA como la entidad heredera de la extinta caja de ahorros recurrieron dicha resolución, pero sus impugnaciones no prosperaron, ni siquiera ante la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el pasado 5 de abril la Fundación Bancaja volvió a la carga y presentó un «nuevo escrito» en el que «se solicita una nueva valoración de su condición de parte al amparo de lo resuelto» en una sentencia del 13 de marzo de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a cuenta de unas infracciones muy graves a la Ley del Mercado de Valores impuestas a BFA, Bancaja y Caja Madrid.
En dicha resolución se concluye que entre las dos entidades de ahorros y la matriz de Bankia que cofundaron hubo sucesión empresarial, «que permite la sucesión de la responsabilidad».
El fiscal se reafirma en sus postulados -que al final asume el juez Pedraz- porque entiende que, a diferencia del caso de la sentencia del Supremo, en la causa del Banco de Valencia está implicada la Fundación Bancaja en el supuesto de responsabilidad civil y no penal. La acción penal en este caso se sigue contra los representantes del grupo Bancaja en el Banco de Valencia, entre ellos su expresidente, José Luis Olivas, y la fundación debe seguir en el mismo por responsabilidad civil porque «parte de su patrimonio» procede de una segregación de activos de la desaparecida caja de ahorros valenciana. El magistrado aclara en la providencia que adopta la decisión «sin perjuicio de lo que resuelva definitivamente» cuando ponga fin a la instrucción del caso.
