La magistrada que investiga al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, por el supuesto cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de València entre 2006 y 2015 ha decretado el embargo cautelar de la sede social de la constructora Cleop. La juez ha solicitado al Registro de la Propiedad de València que anote la «prohibición de disponer, vender, gravar, obligar o enajenar» la sede de Cleop, que está en la calle Santa Cruz de la Zarza número 3 de València (junto a la avenida Cataluña). El juzgado dictó la orden el 29 de marzo, cuatro días antes de la detención de José María Corbín y al abogado Diego Elum. El presidente de Cleop, Carlos Turró, compareció como investigado en el cuartel de la Guardia Civil dos días después.
La medida del juzgado busca garantizar el pago de la responsabilidad patrimonial en el caso de una posible condena a Carlos Turró por el supuesto pago de comisiones, pero tiene como perjudicado colateral a un fondo luxemburgués que compró una deuda impagada por Cleop de 1,5 millones de euros que está respaldada por el local. Bankia instó inicialmente la subasta de la sede social de Cleop para cobrar la deuda, pero al final cambió de estrategia y se la vendió hace un año al fondo GS-V S.À.R.L. Fuentes próximas a Cleop indicaron que no tienen constancia del embargo y añadieron que no pueden decir nada sobre el asunto al estar el caso bajo secreto de sumario.
El juzgado de Instrucción número trece de València investiga el supuesto cobro de comisiones del cuñado de Rita Barbera a cambio de la mediación en recalificaciones y reclasificaciones urbanísticas. En la causa también está imputada, entre otros, la esposa de Corbín, Asunción Barberá Nolla (que fue jefa de gabinete de su hermana en el Ayuntamiento de València). La Guardia Civil comenzó a investigar el caso hace dos años y las pesquisas se mantienen secretas.
Cleop fue uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá. Carlos Turró fue citado en la comandancia de la Guardia Civil el 4 de abril, pero se negó a prestar declaración (una estrategia de defensa lógica al estar las diligencias declaradas secretas y no saber con exactitud cuál es la acusación). Con la investigación en el caso Corbín (denominado policialmente caso Azud), Carlos Turró suma nuevas imputaciones. El constructor está siendo investigado en varias piezas separadas del caso Taula por el presunto pago de comisiones para obtener adjudicaciones en la concejalía de Cultura, la empresa pública responsable de la construcción de colegios Ciegsa y la Diputación de Valencia. Turró también fue adjudicatario de la grúa municipal de València. El constructor se tiene que sentar en otoño en el banquillo de los acusados por el juicio del presunto fraude fiscal de Metrored por el que se enfrenta a una petición de condena de 16 años de cárcel. Carlos Turró está acusado de cuatro delitos fiscales en la venta de minutos de telefonía móvil en la empresa Metrored.
Situación complicada
La constructora Cleop, que mantiene una batalla accionarial por el control de Urbem, volvió el año pasado a entrar en pérdidas tras el ejercicio de 2017 donde obtuvo beneficios por la venta de dos residencias geriátricas. La empresa, controlada por la familia de Carlos Turró y participada por CaixaBank y la familia Noguera (entre otros), perdió el año pasado 650.000 euros frente a los 5,5 millones de euros de beneficios que declaró en 2017. La compañía valenciana no logra remontar el vuelo a pesar de la mejora del sector de la construcción y del negocio de las residencias para la tercera edad (que suponen el 64 % de su facturación), según recogen las cuentas anuales consolidadas.
