Los exconsejeros de Bancaja encausados en el caso Grand Coral en México confían en que la decisión de los principales imputados, los empresarios de Benidorm, Juan Ferri y José Baldó, de llegar a acuerdos en otras causas con la fiscalía se reproduzca en este proceso y, a resultas del mismo, queden libres de sentarse en el banquillo de los acusados. En el caso Valfensal, que causó a la CAM un perjuicio de 28 millones, Ferri y Baldó pactaron con la fiscalía seis meses de prisión por administración desleal y 18 por tres delitos fiscales, frente a los 22 años que pedía el ministerio público.
Además, para reparar el daño causado, han abonado al Fondo de Garantía de Depósitos, con cuyo dinero se saneó la CAM antes de venderla por un euro al Sabadell, 12,5 millones equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM implicados. El acuerdo, al que se adhirió el citado fondo, supuso el sobresiemiento automático de la causa respecto de varios exdirectivos de la caja y de los miembros de su comisión de control. No así al exdirector general, Roberto López, cuyo juicio acaba de ser aplazado hasta marzo.
Fuentes próximas a varios de los 22 exconsejeros de Bancaja implicados en el caso Grand Coral consideran que si los empresarios hoteleros alicantinos «han pagado en otras causas, terminarán haciéndolo en esta» y la consecuencia debería ser que los ex vocales del consejo de administración de la extinta caja cofundadora de Bankia queden excluidos de la causa, tal como ha sucedido con los integrantes de la comisión de control de la caja alicantina. Claro que el caso Grand Coral tiene unas magnitudes muy superiores a las de Valfensal. Basta tener en cuenta que el agujero que supuestamente provocó esta operación a la desaparecida entidad de ahorros asciende a 750 millones de euros. De hecho, la fianza global a los 47 investigados en la causa, entre ellos el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, impuesta en noviembre del año pasado por el juez instructor asciende a 1.438 millones de euros. De ellos, 392 corresponden a los mencionados exconsejeros.
No obstante, hasta que el juez ha decidido que todos se sienten en el banquillo en el próximo juicio oral, lo cierto es que ha habido entre los diferentes instructores y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional discrepancias sobre si los exconsejeros debían ser enjuiciados o no. La sección cuarta de la citada sala, en un momento del proceso, «liberó» a ocho de los exvocales al entender, entre otras consideraciones, que no tuvieron vinculación directa con los principales promotores de la operación, singularmente Ferri y Baldó, y que si votaron a favor de conceder los créditos fue porque siguieron los dictados a favor de la comisión de riesgos de la caja. De ahí que las fuentes consultadas estimen que al final solo deberían responder los directivos.
Mientras tanto, las citadas fuentes aseguran que no se ha incrementado el número de los exconsejeros a los que el juez ha iniciado el proceso de embargo de sus bienes. Uno de los exvocales ya afectados por esta medida confirmó a este diario que se encuentra en esta situación desde abril, junto a otros exconsejeros, y que la presión judicial no ha menguado.
