El de los ingenieros industriales y los arquitectos no es el único caso de colectivos profesionales en disputa por un mismo negocio en tiempos de crisis, como ha ocurrido por ejemplo con la realización de proyectos de obra, licencias de ocupación o informes de eficiencia energética.
Los graduados sociales de València, por su parte, están decididos a dar la batalla por las gestiones ante la Dirección General de Tráfico, un organismo de la administración que tiene una relación estrecha con el colectivo de gestores administrativos, y en el que los graduados también aspiran a hacer negocio.
Se trata de trámites incómodos para el ciudadano, como la matriculación o el cambio de nombre del vehículo, en los que particulares, concesionarios o empresas con flotas de vehículos recurren a servicios profesionales para que intermedien.
En este contexto, la Comisión de Defensa de la Competencia de la C. Valenciana acaba de emitir un informe a petición del Colegio Oficial de Graduados Sociales de València (Cograsova) en el que insta a la DGT a facilitar «a todos los operadores la posibilidad de actuar en igualdad de condiciones en sus relaciones con la administración, conservando la necesaria neutralidad y no concediendo ventajas que negaran o al menos dificultaran la actividad de unos operadores en beneficio de otros».
¿Qué quieren los graduados sociales? El 15 de noviembre de 2018, este colectivo en València, a través de su presidenta, Carmen Pleite, pidió amparo a Competencia ante la «denegación» por parte de la Jefatura de Tráfico de València de la creación de una plataforma online para la realización de trámites ante la misma, una herramienta digital propia, como de la que disponen otras instancias como el Colegio de Gestores Administrativos. Además, los graduados preguntaron a Competencia si la encomienda de gestión al Colegio de Gestores «conculca el derecho a la libre competencia en detrimento» de ellos.
Desde hace más de una década, los gestores administrativos tienen un acuerdo con Tráfico que les permitió primero poner en marcha la matriculación telemática, luego la transferencia on line y, desde 2018, dicha encomienda les permite imprimir los permisos de circulación de vehículos, una tarea que hasta la fecha realizaban exclusivamente las oficinas de la DGT. El Colegio de Gestores Administrativos realiza el 90% de las matriculaciones en València, según detalla la propia entidad en una nota, una relación con Tráfico que los convierte en «máximos responsables de todo el proceso burocrático de adquisición de un automóvil: matriculación y transferencia, emisión del permiso de circulación y también de los distintivos ambientales».
Los graduados, un colectivo con 3.200 colegiados en la C. Valenciana, están especialmente interesados en obtener una plataforma telemática, con garantías legales de Tráfico, con la que ser ágil y eficaz para ofrecer servicios competitivos ante sus clientes.
Trámites ante la administración
Pese a que su labor es bastante desconocida, se trata de un colectivo con varias ramas laborales: la de los recursos humanos (jefes de personal o de RR HH); asistencia al juzgado en la rama de lo social; y la gestión, es decir, la confección de seguros sociales, nóminas, o la realización de trámites para cualquier necesidad que una empresa tenga con la administración en su día a día, ya sea laboral, de Hacienda o la propia Jefatura de Tráfico.
En este sentido, según explica la presidenta de los graduados sociales, Carmen Pleite, el colegio está resuelto a dar la batalla. Lo primero ha sido el informe de Competencia, en realidad poco conciso: la DGT no respondió a los requirimientos de información y el organismo evita concluir si se está produciendo una «reserva de actividad» a los gestores. Ahora, el Consejo Autonómico de Graduados Sociales está preparando una reclamación ante el Defensor del Pueblo para trasladar su exigencia de una herramienta on line.
En los últimos tiempos, los graduados han logrado alguna ventaja en su relación ante Tráfico respecto al ciudadano normal. El Colegio puede recoger la documentación de sus asociados para ejercer de intermediario y evitar que cada colegiado tenga que acudir presencialmente. Pero exigen una plataforma propia con la que dar servicios más ágiles que hagan sus servicios competitivos a ojos de los clientes.
