19 de noviembre de 2019
19.11.2019
Agricultura

Cinco años de prisión por estafar 365.000 euros a agricultores de l'Horta y la Ribera

El condenado, multireincidente, fue arrestado días después del juicio por un fraude similar en Sueca y Sollana

18.11.2019 | 22:56
Cinco años de prisión por estafar 365.000 euros a agricultores de l'Horta y la Ribera

El conocido como 'el estafador de las naranjas de Torrent', por su procedencia y por el fruto que utilizaba habitualmente como anzuelo en sus fraudes, ha sido condenado a una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de estafa, tras quedar acreditado que estafó 364.705 euros a doce agricultores de municipios de l'Horta y la Ribera con la explotación de sus cosechas, que nunca abonó y que vendía incluso a un precio inferior al contratado por su recolección, prueba más de que no tenía intención alguna de pagar.

Esta pena, una de las más altas que se recuerdan por una estafa de productos agrícolas, se suma a otra condena de diez meses de prisión por un fraude similar a un mayorista de frutas y hortalizas de Picanya, al que estafó 70.433 euros. De igual modo, la reincidencia del condenado se hace patente ya que apenas unos días después de ser juzgado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, agentes del grupo ROCA de la Guardia Civil de Sueca lo arrestaban por idénticos hechos en Sollana y Sueca, en este caso la estafa ronda los 75.000 euros.

El modus operandi de Santiago P. F., de 42 años y vecino de Torrent, es siempre el mismo. Así, entre enero de 2012 y febrero de 2016, «mostrando una solvencia económica de la que carecía», según ha quedado probado, «suscribió diferentes contratos con propietarios de parcelas en el término de Picassent, aparentando seriedad y confianza con la intención de proceder a la recogida de la cosecha de cítricos, sin que tuviese voluntad de abonar su importe».

Se trataba principalmente de naranjas «de primera calidad» y persimón, en lo que pactaba un precio fijo y establecía una fecha máxima de pago que oscilaba entre los 40 y los 60 días para abonar la cosecha. Sin embargo, pasado dicho plazo y, finalizadas las tareas de recogida de las distintas cosechas adquiridas mediante contrato, no abonó las cantidades pactadas, «desatendiendo los requerimientos de pago que los distintos propietarios le iban efectuando de forma reiterada».

Mediante este fraude el ahora condenado por la Audiencia Provincial de València obtuvo unos beneficios de 143.713 euros mediante la venta de la fruta recolectada, importe cuyo destino no ha sido justificado, «quedándose para sí los pagos que le iban realizando y no liquidando los precios pactados con los propietarios», según detalla la sentencia.

Este estafador reincidente distribuyó la fruta adquirida a través del mercado nacional y a una empresa italiana, país al que se desplazó en enero de 2016 para percibir el pago en metálico.



La «Operación Tinama»

Una investigación del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Paiporta permitió desmantelar la trama que tenía organizada el ahora condenado para eludir los pagos a unos y otros agricultores. El jefe del grupo por aquellas fechas detectó «anomalías en cuanto a la venta de naranjas de primera calidad en un almacén de peladoras, por un precio muy inferior al inicialmente concertado con los propietarios», según destaca la sentencia.

Las posteriores denuncias por impago de los dueños de las frutas recolectadas y el hecho de que el explotador de todos estos campos realizaba «ventas a pérdida», ya que percibía un precio muy inferior al pactado con los agricultores para su recogida, derivó en la llamada «Operación Tinama», el «timo de las naranjas y mandarinas», de ahí su nombre.

El acusado alegó en el juicio que no pagó a los agricultores afectados como consecuencia de los supuestos impagos que también él sufrió por parte de las empresas adquirientes de las cosechas y que la posibilidad de abonar sus deudas se truncó de forma abrupta como consecuencia de su ingreso en prisión. «Todo iba bien hasta mi detención», insistió el procesado.

No obstante, la Sala considera que esta versión «no ha resultado creíble», ya que mucho antes de su detención, el 11 de febrero de 2016, que adelantó en exclusiva Levante-EMV, ya venía percibiendo importantes cantidades por la venta de dichos cítricos a terceras personas, dinero que en ningún momento destinó a sufragar los costes ocasionados a los perjudicados. Así, como indica el fallo, su detención fue más «un remedio para que cesase la actividad irregular e ilícita que desarrollaba de forma múltiple». El instructor del Equipo ROCA que llevó la operación «fue tajante en la vista oral al declarar que el acusado no tenía intención de pagar desde el primer momento», remarca la sentencia.

Un euro por su empresa

De igual modo, tampoco se da por buena la excusa esgrimida por el acusado, quien alegaba haber adquirido la empresa de explotación agrícola «sin conocer la deuda que arrastraba», cuando el precio fijado para adquirirla, un euro según él mismo reconoció, se presume que «era consecuencia del importante pasivo que soportaba».

Dada la cuantía defraudada, siete veces superior al mínimo fijado en la modalidad agravada del delito de estafa, la Audiencia Provincial de València le impone una pena de cinco años de prisión y una multa de 3.300 euros. Además el condenado deberá indemnizar a los doce agricultores estafados. La responsabilidad civil asciende a los 364.705 euros. La Sala lo absuelve de los delitos de apropiación indebida y usurpación de estado civil.

La estafa continuada sí ha quedado acreditada al apreciar «la concurrencia de engaño bastante». De hecho el condenado aparentaba una solvencia y seriedad en los tratos con los agricultores de la que carecía, utilizaba su condición de representante legal de empresas que ni siquiera se habían constituido formalmente, o incluso usurpando la condición de representante de otra sociedad sin autorización alguna.

Por último, el hecho de que vendiera naranjas de primera calidad a empresas peladoras cuyo destino era la obtención de zumo -suelen utilizar para ello naranjas de desecho-, en ocasiones a un precio cuatro veces inferior al de compra, demuestra que este «precio irrisorio» derivaría en importantes pérdidas «salvo que tuviese la intención de quedarse con el dinero obtenido de forma fácil y rápida, con manifiesta y previa voluntad de desatender los pagos a los agricultores».

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