Ni pueden disponer del dinero que acumulan en el banco para realizar inversiones, porque se lo impide la denominada regla de gasto, ni se atreven a rebajar los impuestos, porque entonces les reducirían también las transferencias que reciben del Estado y podrían verse en dificultades para afrontar sus gastos. Es la difícil situación con la que se encuentran actualmente la mayoría de los alcaldes, que ven cómo las cuentas corrientes que sus corporaciones tienen en las entidades financieras no dejan de engordar -con el riesgo, además, de que los bancos les empiecen a cobrar por ello-, mientras se muestran incapaces de ofrecer nuevos o mejores servicios a sus vecinos, ante el férreo control que sufren sus balances por parte del Gobierno central.

Una situación que vienen denunciando desde hace tiempo a través de organismos como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuyo presidente, el primer edil de Elda, Rubén Alfaro, no duda en reclamar una flexibilización de la norma que permita a los consistorios hacer uso de sus fondos. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo prometió a principios de este año, pero su fracaso a la hora de sacar adelante los Presupuestos del Estado y la sucesión de elecciones han dejado el asunto en el limbo. Lo cierto es que tampoco le interesa demasiado, ya que el superávit municipal ayuda a compensar el agujero de las autonomías o de la Seguridad Social de cara al cumplimiento del déficit público que exige Bruselas.

En cuanto a la alternativa de aprovechar los actuales superávits para rebajar los impuestos, Alfaro señala que el problema es que una bajada de los ingresos propios conlleva también una reducción en el cálculo de la participación municipal en los tributos estatales y en las transferencias del Gobierno, por lo que el recorte acaba siendo muy superior al previsto, y supone un riesgo para los ayuntamientos.