Más de 1.193 pymes de la Comunitat Valenciana pidieron voluntariamente en 2017, último ejercicio computado, la auditoría de sus cuentas, pese a no estar obligadas por ley por su nivel de facturación. A las firmas que se les exige el informe tienen que registrar una cifra de negocio a partir de seis millones de euros, mientras que las que tienen entre 500.000 euros y seis millones pueden solicitarlo de forma voluntaria.
Sin embargo, desde los años de la crisis, los casos de pymes que recurren a este proceso sin que sea obligatorio ha ido creciendo, ya que han «visto como mejoraba su acceso a la financiación, su rentabilidad, el empleo y la competitividad», subraya el presidente del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, Rafael Nava.
Ya en el ejercicio 2009, las solicitudes voluntarias de un control externo de sus cuentas creció un 26% en la autonomía, al pasar de las 1.167 firmas auditadas a las 1.473, según refleja el último informe conjunto del Colegio de Auditores de la Comunitat y de la patronal CEV. «El papel que jugaron los procesos de auditoría y transparencia de la información mercantil en los peores momentos de la recesión fue definitiva para facilitar el acceso a los mercados y a la fuentes de financiación», reiteraba el presidente del Colegio de Auditores. Precisamente, cuentas revisadas que ofrecieran confianza, credibilidad y transparencia era lo que pedían y piden los mercados.
Y, aunque en los momentos de la recuperación económica las peticiones de revisiones de sus cuentas por parte de las pymes fueron bajando, muchas de ellas siguieron sometiéndose a estos procesos porque, entre otras cosas, «se han demostrado las ventajas que conllevan», advirtió Nava.
El escenario de 2020
El presidente de los auditores autonómicos prevé que el próximo año se produzca un nuevo repunte de peticiones voluntarias por parte de pymes «ante la desaceleración económica, la incertidumbre política y los grandes desafíos que representan, sobre todo para nuestros sectores exportadores, la guerra comercial entre China y EE UU, y el proceso del Brexit».
Con los últimos datos de 2017, en el ámbito autonómico las sociedades de todo tipo de tamaño que se han sometido a un proceso de control externo de sus cuentas alcanzaron las 3.675, que representan el 20,5% del tejido empresarial. Y una de las primeras conclusiones es que «las firmas auditadas han resistido mejor la crisis y han podido salir más fortalecidas.
Por contra, entre las empresas que no han sido revisadas, las ventas han crecido en el mismo periodo un 13% y los beneficios un 20%. Para el auditor, esta comparativa refleja «el peso que tiene en la estructura empresarial la auditoría, ya que las compañías que se someten a esta revisión financiera y contable multiplican por doce la facturación del resto». En la actualidad se revisa el 76% de la cifra de negocio del sector privado autonómico.
