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La próxima avalancha de demandas contra las entidades financieras

Las tarjetas revolving pueden convertirse en el nuevo quebradero de cabeza del sector financiero, tras la avalancha de demandas a las que han tenido que hacer frente por las cláusulas suelo, los gastos de las hipotecas o la que puede llegar si el Tribunal de la UE considera ilegal el IRPH como índice para las hipotecas. Asociaciones de consumidores y los bufetes que en los últimos años se han especializado en combatir los abusos bancarios ya han creado secciones específicas para abordar estos casos, que prevén que aumenten exponencialmente. De hecho, las entidades habían rechazado hasta ahora llevar la cuestión al Supremo para evitar la publicidad y, sobre todo, una nueva resolución en contra que siente jurisprudencia, ya que ahora se mantiene una diversidad de opiniones entre las distintas audiencias provinciales que les beneficia.

Por su parte, quienes se han visto afectados por la deuda eterna que pueden suponer estas tarjetas tienen muchos motivos para recurrir. Según explica Ginés Noguera, de Sanz & Abogados, las cantidades medias que se están recuperando superan los 4.000 euros, unas cantidades mayores, en muchos casos, a los que se conseguían al reclamar las cláusulas suelo. No obstante, también es cierto que quienes consiguen estas cantidades suelen ser personas que se han visto en situaciones de impago, lo que ha disparado los intereses moratorios. Las tarjetas revolving suelen caracterizarse por sus elevados intereses -con frecuencia por encima del 25%- y la posibilidad de elegir la cuota que se quiere pagar al mes. El problema llega cuando la cantidad seleccionada ni siquiera cubre estos intereses, no se amortiza nada de capital y los intereses que no se pagan se añaden a la deuda principal, con lo que se generan aún más intereses y la deuda no deja de crecer.

Consultados por su posición sobre estas tarjetas, desde la Asociación Española de Banca se limitaron a señalar que las entidades «cumplen con la legalidad existente y con las recomendaciones de conducta y transparencia que proceden de las autoridades de supervisión, en nuestro caso el Banco de España» e instaron a superar «la cultura del litigio».

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