La Agencia Tributaria ha completado una investigación que ha permitido desmantelar una trama que operaba desde Alicante de distribución de gasóleo modificado en estaciones de servicio de bajo coste para eludir los controles fiscales, una operación que se ha saldado con 43 detenciones.
También se han embargado inmuebles, vehículos de alta gama, más de un centenar de cuentas bancarias y 300.000 euros en efectivo de esta organización, que actuaba en ocho comunidades autónomas, entre ellas la valenciana y que podría haber defraudado casi 11 millones de euros, según informó ayer la Agencia Tributaria en un comunicado. El departamento de Hacienda detalla que la organización adquiría en otros países de la Unión Europea los productos, de características prácticamente idénticas al gasóleo de automoción pero diseñados específicamente para eludir los procedimientos de control fiscal, lo que permitía su llegada a España de forma opaca.
El producto circulaba con documentos con destinatarios falsos o datos incompletos para evitar la localización de los responsables y se recibía en instalaciones ajenas al sistema de control, por lo que no era sometido a controles de calidad -se llegaban a utilizar aromatizantes para que pareciera gasóleo normal-, pudiendo causar daños en los vehículos en caso de uso continuado. Después, el producto se distribuía en estaciones de servicio de bajo coste sin haber pagado el impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitía ofrecer precios muy competitivos, y además la organización no ingresaba a Hacienda el IVA que cobraba a sus clientes.
Cadena de negocio
La organización contaba con una red de empresas y colaboradores que cubrían toda la cadena de negocio, desde empresas que facturaban y recibían el producto a sociedades instrumentales, empresas de transporte o proveedores de aditivos, además de comerciales y testaferros. La trama utilizaba la coacción y las amenazas, añade la Agencia, «llegando, incluso, a acudir con este fin a la conocida organización 'Ángeles del Infierno', considerada a nivel internacional como una auténtica organización criminal».
La organización operaba desde Alicante, pero actuaba en ocho comunidades autónomas: Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra. A lo largo de esta operación se ha investigado a más de 100 personas físicas -en España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia- y 90 personas jurídicas -en España, Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania, Dinamarca, Malta y Lituania, según el citado comunicado de la Agencia Tributaria.
