Aunque ha pasado sin apenas hacer ruido en plena pandemia, varias organizaciones empresariales ya se han puesto en guardia contra la futura Ley de Cambio Climatico y Transicion Energética que impulsa la Conselleria de Emergencia Climática. Básicamente, porque por primera vez en la C. Valenciana se pone negro sobre blanco la posibilidad de establecer un impuesto por contaminación a las grandes superficies comerciales. Calmadas las aguas de los horarios comerciales, puede ser la batalla de la legislatura en este sector altamente inflamable, con una conselleria de Compromís de nuevo enfrentada a la gran empresa.
Es un gravamen controvertido porque en España ha sido el centro de una intensa batalla judicial entre las administraciones y las grandes empresas de distribución comercial, agrupadas en Anged, donde se encuentran firmas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Media Markt, FNAC, etc.
Son varias las comunidades que ya cuentan con este impuesto, como Cataluña, Asturias o Aragón, y que ha recibido el aval incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En el caso valenciano, la disposición final segunda del borrador del anteproyecto de ley de Cambio Climático establece un impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales que entre en vigor en 2022. El hecho imponible del impuesto lo constituye el impacto medioambiental derivado de la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales.
Es decir, que grava los desplazamientos de vehículos que se producen para acudir a estos recintos, sean centros comerciales o grandes superficies; estén en las ciudades o en las periferias metropolitanas. «El impuesto debe gravar la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados en grandes superficies, ya que esta circunstancia genera externalidades negativas en el medioambiente asociadas a las emisiones derivadas del volumen de vehículos que acceden a los mismos, con un coste que estos establecimientos no asumen», reza el documento.
En este sentido, el borrador señala, por ejemplo, a las grandes superficies que disponen de una superficie de venta igual o superior a 2.500 metros cuadrados; así como a los establecimientos colectivos, es decir, «los centros comerciales, las galerías comerciales y los recintos comerciales». El impuesto se cifra en 0,18 euros por vehículo, y se controlarán los accesos a los parking de estos enclaves para cuantificarlo.
Pese a que todavía es un borrador, la patronal Anged ya se ha movilizado contra este proyecto de impuesto, un viejo anhelo de Compromís, que estuvo estudiándolo la pasada legislatura desde la Conselleria de Economía y lo llevaba en su programa a las autonómicas de 2019. En realidad, en 2001 el Bloc de Pere Mayor, entonces fuera del Consell y de las Corts, ya reclamaba una tasa a las grandes superficies, hipermercados y áreas comerciales de grandes dimensiones como medida para proteger al pequeño comercio.
Ahora, según explica Joaquín Cerveró, portavoz de Anged en València, se ha remitido a la patronal autonómica CEV, que la apoya en sus pretensiones, un argumentario contra este gravamen. La patronal que lidera Salvador Navarro tendrá voz en la comisión parlamentaria que estudie esta normativa.
En concreto, Anged sostiene que es «discriminatorio» al señalar solo los desplazamientos que generan los establecimientos de más de 2.500 metros. «Quiebra el principio de quien contamina paga», señala Cerveró. También apunta que les deja en «desventaja competitiva» ante el comercio on line, que también genera movimiento, así como «contradictorio» con normativas que obligan a tener aparcamientos en establecimientos comerciales. «Es afán recaudatorio vestido de color verde», sentencia.
El impuesto que impulsa la conselleria que preside Mireia Mollà, con todo, va más allá que lo establecido en otras autonomías y extiende su efecto a los puntos de venta con superficie igual o superior a 1.300 metros cuadrados que estén situado fuera de la trama urbana consolidada de una ciudad. Esto señala directamente a los supermercados. Así lo asume la asociación de cadenas Asucova, que agrupa a Mercadona o Consum, y que ve con «preocupación» este desarrollo normativo.
El borrador de ley ambiental de hecho va más allá incluso que el Plan Territorial Comercial, Patsecova, aún pendiente de aprobación y que reducía en algunos casos de 2.500 a 1.500 metros el límite a partir del cual fijar limitaciones a la implantación, segundas licencias, etc.
En los últimos tiempos muchas cadenas de supermercados están realizando reformas o implantándose en las afueras precisamente para crear espacios más eficientes y sostenibles. Pedro Reig, portavoz de Asucova, señala que aún se está analizando el detalle del borrador presentado hace apenas 20 días, pero adelanta: «Ahora mismo nos genera preocupación e incertidumbre por su complejidad y ambigüedad». «Para nosotros avanzar en la cuestión de la sostenibilidad es sagrado, la cuestión es cómo nos dirigimos a esos objetivos», señala el portavoz, que lamenta la iniciativa fiscal.
