Mientras Bruselas anuncia una prórroga de la actual Política Agraria Común (PAC), hasta 2022, la cifra de agricultores y ganaderos valencianos que percibirán ayudas europeas este año sufre un duro recorte de beneficiarios en comparación con el período inicial del actual marco presupuestario de la PAC 2014-2020. Según el balance realizado por la Generalitat, un total de 46.998 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana han presentado en 2020 la solicitud única para recibir los fondos de la Política Agraria Común tras la ampliación del plazo autorizada por la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Esa cantidad de beneficiarios es la mitad respecto a principios de la década y un 5 % inferior, en comparación con 2019.
Del total de solicitudes presentadas, 16.180 corresponden a pequeños agricultores y siguen la tendencia a la baja, aunque menos acusada que otros años, con unas 2.000 solicitudes menos con respecto al ejercicio anterior. Sea como fuere, la debacle es grande porque había 90.000 agricultores valencianos con ayudas hace un decenio, si bien año tras año caen del sistema de subvenciones debido al abandono de tierra y por las estructuras de reducido tamaño de las explotaciones de cultivos mediterráneos de frutas y hortalizas.
Según la Conselleria de Agricultura, también se han presentado durante este plazo 12.960 alegaciones del Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas (Sigpac), 3.416 cesiones de derechos de pago básico, así como 225 solicitudes de derechos a la Reserva Nacional. En términos de superficie, las solicitudes únicas presentadas representan un total de 480.700 hectáreas, lideradas por los terrenos pastables (122.800 ha) seguidos de los cultivos de cítricos (101.000 ha) y hortícolas (78.000 ha). Les siguen en superficie los cultivos dedicados a los frutos secos, el olivar, la viña y por último los frutales. El pago único proporciona unos 120 millones de euros anuales al sector.
A pesar del recorte de agricultores beneficiados, la directora general de PAC, Maite Cháfer, destaca que este año las solicitudes se han situado en la misma horquilla que los últimos ejercicios -por encima de las 45.000- y destaca el «esfuerzo y profesionalidad» del personal técnico de la administración autonómica, así como de las entidades colaboradoras, para tramitar todos los expedientes «ante la dificultad generada por la declaración del estado de alarma y las restricciones de movilidad, que han dificultado la atención presencial».
Controles vía satélite
En ese sentido, Cháfer valora la modernización de la aplicación informática de captura de solicitudes incorporada el año pasado para favorecer la tramitación telemática «sin incidencias». De hecho, la Comunitat Valenciana quiere avanzar en el control de superficies por monitorización de imágenes satélites que a partir de 2021 será la técnica mayoritaria y a partir de 2022 sustituirá los actuales controles sobre el terreno.
La agricultura mediterránea en general tendrá un respiro en el asunto de la reforma de la Política Agrícola Común tras anunciarse una prórroga de la actual que estará vigente, por el momento, al menos hasta el citado año 2022. Esa prórroga supone que se mantendrán los presupuestos anuales tal como han estado funcionando estos años atrás. Recientemente, el Consejo alcanzó a un acuerdo común con el Parlamento Europeo sobre continuar apoyando a los agricultores europeos en el marco legal actual hasta finales de 2022, cuando la nueva Política Agrícola Común entrará en vigor. El texto negociado fue aprobado por el Comité Especial de Agricultura del Consejo más tarde el mismo día.
Extender las reglas actuales por dos años más y hasta que se acuerde y aplique la nueva PAC, brinda la previsibilidad y la seguridad necesarias a todos los agricultores de Europa durante la crisis de la covid-19. La UE continuará financiando programas de desarrollo rural y otorgando apoyo a los agricultores europeos a través de pagos directos al tiempo que garantiza una transición sin problemas hacia el próximo período de la PAC.
La estructura de producción diversa aunque dominada por los cultivos de frutas y hortalizas, así como una estructura de la propiedad de pequeñas explotaciones (minifundios ) tan características de la agricultura valenciana, ha jugado una mala pasada a la inmensa mayoría de los productores durante este período 2014-2020 de la Política Agraria Común.
