Algunas de estas instalaciones sometidas al control individual han tenido un comportamiento desigual. Es el caso de las dos plantas cementeras de Cemex en Buñol y Sant Vicent, cuyas emisiones verificadas, de casi 940.000 toneladas en conjunto, se quedaron prácticamente en la mitad de lo que tenían asignado gratuitamente (1,6 millones), quizá por la menor actividad registrada. Algo similar ocurrió con Lafarge, en Sagunt. El precio de los derechos se ha disparado en los últimos años, de los seis euros de media a 15,68 euros en 2018 y a 24,7 euros en 2019.
