Casi 250.000 residentes en la Comunitat Valenciana salieron en el segundo trimestre del mercado laboral. En concreto, fueron 245.000 las personas que entraron en la inactividad. Se trata de un 40,8 % más que en el primer trimestre (71.000) y un 120,1 % por encima del mismo período de 2019 (133.700 más), según los últimos datos de la Generalitat sobre los flujos de población activa en la autonomía, que están completamente condicionados por la crisis del coronavirus.
La población inactiva agrupa al conjunto de ciudadanos de 16 años o más que cumplen las condiciones para trabajar pero que no se han incorporado al mercado laboral, ni como ocupados ni como parados. Los grupos que forman este colectivo son los estudiantes, los prejubilados y jubilados, las personas que se dedican a las labores del hogar y los que tienen una incapacidad permanente, principalmente. El informe sobre flujos de población precisa, no obstante, que «es probable» que muchos trabajadores «que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivas por el hecho de no haber podido cumplir con todas las condiciones que la definición d e la OIT exige para ser clasificado como desempleado». Entre esos requisitos, la Organización Internacional del Trabajo incluye el de los trabajadores cuyo contrato de trabajo haya expirado o esté suspendido temporalmente, que estén sin empleo y busquen trabajo remunerado. El segundo trimestre de 2020 ha estado condicionado por los efectos de la crisis de la covid-19 en la economía por el cierre obligado de tantas empresas, sobre todo del comercio y la hostelería, y el desbocado número de personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo.
De hecho, en la Comunitat Valenciana salieron de la ocupación entre abril y junio casi 220.000 personas, un 48 % más que en el primer trimestre y un 81 % más que en el segundo de 2019, una cifra global, como recuerda la Generalitat, en la que no están incluidos los trabajadores en ERTE, que se siguen considerando ocupados. Por contra, solo entraron en el mercado laboral 89.200, un 25,5 % menos que entre enero y marzo. Las personas que cayeron en dicho período en el desempleo alcanzaron en número los 207.900, mientras que salieron de él 165.900. De los 219.800 que salieron de la ocupación, 116.700 fueron directamente a la inactividad y los 103.100 restantes, al desempleo. En el primer caso, las mujeres resultaron claramente perjudicadas, dado que, de las 116.700 mencionadas, 67.000 fueron féminas y los 49.600 restantes, hombres. Del empleo al paro la situación fue mucho más igual: 51.800 en el primer caso por 51.300 en el segundo.
Por tramos de edad, los más damnificados son los jóvenes que están entre los 25 y los 34 años. Cerca de 60.000 de ellos salieron del mercado laboral: 32.400 pasaron al desempleo y 27.300, a la inactividad. El segundo grupo con mayor número de personas en esta situación es el de aquellos cuya edad está comprendida entre los 45 y los 54 años, con 25.200 y 25.800 en cada caso. Los mayores de 55 años, grupo en el que tienen un peso específico los trabajadores que entran en la jubilación o la prejubilación, fueron el colectivo menos numeroso -18.900- en pasar de la ocupación a la inactividad. El ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, abogó ayer por crear desde la Administración planes colectivos de pensiones de carácter abierto, así como diseñar un nuevo incentivo fiscal que impulse estos planes -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales. Durante su intervención ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el ministro se comprometió a impulsar este modelo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable de los individuales, «sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones». De esta forma, aseguró, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión de estos instrumentos, beneficiando además a las rentas medias y bajas, incorporando a jóvenes.
Según explicó el Ministerio, el actual sistema no cumple con su principal objetivo, que es incentivar el ahorro, es muy regresivo, es un producto financiero muy caro y en el que gran parte del beneficio fiscal acaba en el sector financiero y es muy escasa participación de los jóvenes. Por otro lado, Escrivá, afirmó que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza «genuinamente transitoria». No obstante, auguró un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.
