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Sectores productivos

El azulejo se libra de un mazazo fiscal del Consell de 240 millones por el CO2

El anteproyecto de ley de Cambio Climático rebaja el alcance y la cuota que deberán pagar las industrias más contaminantes por sus emisiones

El azulejo se libra de un mazazo fiscal del Consell de 240 millones por el CO2

El azulejo se libra de un mazazo fiscal del Consell de 240 millones por el CO2

Una de las industrias valencianas más afectadas por las regulaciones contra las emisiones contaminantes, el sector azulejero, acaba de salvar, sin necesidad de dar mucha batalla, una situación que amenazaba con convertirse en un mazazo demoledor para su cuenta de resultados. En concreto, el borrador del anteproyecto de ley de Cambio Climático de la Generalitat que ha publicado el Diari Oficial para su consulta pública, ha rebajado de manera notable el alcance y cuantía de un nuevo impuesto sobre actividades económicas que generan gases de efecto invernadero (GEI). Según el documento que fue presentado a finales de mayo por la consellera Mireia Mollà, este nuevo impuesto ´verde´ ponía en un brete a este clúster industrial concentrado en Castelló. Según los cálculos de la Confederación Empresarial de la C. Valenciana (CEV), el impacto estimado era de 240 millones al año. Ese primer texto que trascendió y que fue abordado en una reunión entre la conselleria y la patronal este verano imponía el gravamen a todas las instalaciones industriales que, por su nivel de emisiones, están incluidas en el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Se trata de firmas energéticas, azulejeras, refinerías o cementeras, entre otros sectores. Son empresas, en el caso del sector cerámico, que tienen asignada una cantidad de derechos de emisión gratuita. Y por las toneladas de emisiones que exceden esa asignación gratuita, pagan una cantidad. El precio varía ya que depende de una subasta.

Este pasado 2019, por ejemplo, el coste de cada tonelada se disparó hasta los 25 euros de promedio. En este sentido, el nuevo impuesto verde de Medio Ambiente supone una especie de segundo gravamen. En el primer borrador de la ley, el de mayo, las empresas debían pagar por todas las emisiones y no solo por el exceso respecto a las que se asignan gratis. El impacto, sobre todo, venía establecido por la cuota: 10 euros por tonelada de CO2, que ascendería a 30 euros en 2025. La medida puso en guardia a los empresarios, que alegaron en contra, con bastante éxito, en esa primera ronda de contactos con la conselleria.

Y lo cierto es que el texto que se ha publicado finalmente en el Diari Oficial introduce cambios importantes que tranquilizan al sector cerámico. Por un lado, se modifica el hecho imponible de este impuesto al CO2 de la industria. Ya no son todas las emisiones de estas empresas sino en efecto la contaminación que excede los derechos asignados gratuitamente. Con todo, destaca especialmente la disminución de la cuantía de la cuota, que «suaviza bastante el impacto», en palabras de los técnicos de la CEV. En concreto, lo que iban a ser 10 euros por tonelada se reduce a 20 céntimos. «A modo de ejemplo, en el sector cerámico el impacto estimado pasa de 240 millones a 1,4 millones de euros», señalan las mismas fuentes. No obstante, la patronal, que se opone a todos los impuestos que introduce la ley, va a alegar que se queden fuera de este impuesto «las emisiones procedentes de instalaciones de cogeneración, al igual que ocurre con las emisiones procedentes de biomasa y otras». En estos momentos, aproximadamente la mitad del sector cerámico tiene sus emisiones por debajo de la cantidad asignada gratuitamente por el Estado. La contaminación en esta actividad se genera fundamentalmente por la combustión del gas natural, utilizado en los hornos donde se cuece el azulejo. El proceso de descarbonatación de las materias primas también genera emisiones en esta industria. El borrador final del anteproyecto de ley de Cambio Climático, que aún debe atravesar todo el trámite de consulta pública, alegaciones de los operadores afectados, informes del resto de administración, etc., ha quedado algo descafeinado respecto a la versión inicial. Ocurrió algo similar con el impuesto a las grandes superficies comerciales. En ese caso, los supermercados corrían el riesgo de verse afectados también por un gravamen que penalizará la afluencia de coches que acuden a los grandes establecimientos, aunque la versión final los ha dejado fuera finalmente.

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