Aunque se trata de dos vías judiciales distintas, si la fiscalía y las acusaciones particulares recurren la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo se puede enfrentar a un importante disyuntiva, porque hace cuatro años, eso sí, por la vía civil y no penal como sucede con la resolución conocida ayer, dictaminó que no se había informado correctamente a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia, lo que provocó que la entidad financiera iniciara un proceso inmediato para devolver el dinero a los accionistas iniciales de la entidad. Fueron 1.900 millones de euros a unas 225.000 personas que se sumaron a los onerosos costes que ya le habían acarreado al banco cofundado por Bancaja otros escándalos como el de las participaciones preferentes.
En enero de 2016, el Supremo rechazó los recursos presentados por Bankia contra dos sentencias de las audiencias provinciales de València y Oviedo que declararon la nulidad de las órdenes de suscripción de acciones por parte de minoristas por estimar que el folleto de salida a Bolsa contenía información que no reflejaba la situación económica real de Bankia.
«Hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública», concluyeron por unanimidad los magistrados de la Sala Civil.
«La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto, nos llevan a concluir que la información económica, financiera y contable divulgada al público suscriptor resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora», decía la sentencia de la Audiencia valenciana avalada por el Supremo.
Justo un mes más tarde, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri desde mayo de 2012, cuando sustituyó a Rodrigo Rato tras la intervención del banco, anunció que iba a iniciar el proceso para devolver el dinero a los accionistas minoritarios que invirtieron en la entidad en la salida a Bolsa en julio de 2011. Se trataba de evitar la previsible avalancha judicial tras la decisión del Supremo. Bankia provisionó 1.840 millones a este fin y reintegró íntegramente el capital perdido con un 1% de interés anual.
El 4 de febrero de 2016, cuando se conoció el contenido de la sentencia del Supremo avanzada el 27 de enero, el tribunal dejó claro que su decisión solo afectaba a los minoritarios, pero no a los inversores institucionales. Aún así, alguno de ellos, como Iberdrola, no desistieron. Aunque la Audiencia de Madrid falló en contra de sus intereses, en mayo de 2017 anunció un recurso contra esa decisión.
En su resolución de febrero de 2016, el Tribunal Supremo afirmó que, a diferencia de los minoritarios, los inversores cualificados tenían otros medios para conocer más a fondo la situación de la entidad. Si ahora le llegan recursos por la sentencia de la Audiencia Nacional, deberá aclarar por qué si el folleto de la salida a Bolsa era inexacto y por ello había que devolver el dinero ahora resulta que no hay ningún responsable.
La salida a Bolsa de Bankia fue casi una operación de Estado en la que se involucraron todos los poderes públicos porque era esencial que no fracasara en un momento de enormes dificultades para la economía española. La crisis financiera se había agravado, singularmente entre las cajas de ahorros, y el Gobierno había impulsado, pese a las resistencias de las autonomías, un proceso de concentración que a la postre resultó un fiasco, porque desaparecieron prácticamente todas las cajas.
Estas entidades tenían un grave déficit: carecían de accionistas y, por tanto, no podían captar capital, esencial en aquel momento para reestructurarse y mejorar la situación de los balances. Para evitar la entrada de capital público, algunos de los grupos de cajas que nacieron entre 2010 y 2011 constituyeron bancos para salir al mercado. Uno de ellos fue BFA, que desgajó sus mejores activos en Bankia y la hizo debutar en Bolsa en julio de 2011.
El problema fue triple. Por un lado, la nueva entidad nacía lastrada por la pésima situación que le legaron sus siete entidades fundadoras, singularmente las dos mayores -Bancaja y Caja Madrid- actrices protagonistas en la burbuja inmobiliaria de principios de siglo que estuvo en el origen de la crisis. Otro fue que las entidades ponían paños calientes para no reconocer la magnitud de su morosidad. Por último, la economía, que había sufrido una caída al abismo en 2009, reanudó en aquel 2011 un nuevo descenso a los infiernos que desembocó en la petición del Gobierno de rescate europeo y la intervención de Bankia en mayo de 2012.
Una operación casi de Estado
La salida a Bolsa de Bankia fue casi una operación de Estado en la que se involucraron todos los poderes públicos porque era esencial que no fracasara en un momento de enormes dificultades para la economía española. La crisis financiera se había agravado, singularmente entre las cajas de ahorros, y el Gobierno había impulsado, pese a las resistencias de las autonomías, un proceso de concentración que a la postre resultó un fiasco, porque desaparecieron prácticamente todas las cajas.
Estas entidades tenían un grave déficit: carecían de accionistas y, por tanto, no podían captar capital, esencial en aquel momento para reestructurarse y mejorar la situación de los balances. Para evitar la entrada de capital público, algunos de los grupos de cajas que nacieron entre 2010 y 2011 constituyeron bancos para salir al mercado. Uno de ellos fue BFA, que desgajó sus mejores activos en Bankia y la hizo debutar en Bolsa en julio de 2011.
El problema fue triple. Por un lado, la nueva entidad nacía lastrada por la pésima situación que le legaron sus siete entidades fundadoras, singularmente las dos mayores -Bancaja y Caja Madrid- actrices protagonistas en la burbuja inmobiliaria de principios de siglo que estuvo en el origen de la crisis. Otro fue que las entidades ponían paños calientes para no reconocer la magnitud de su morosidad. Por último, la economía, que había sufrido una caída al abismo en 2009, reanudó en aquel 2011 un nuevo descenso a los infiernos que desembocó en la petición del Gobierno de rescate europeo y la intervención de Bankia en mayo de 2012.
