La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, negó ayer haber recibido presiones del Gobierno o del Banco de España para que se hiciera con el Popular tras su resolución, tal como sucedió, y defendió la compra de la entidad, que, en el momento de su intervención, cumplía las ratios que marcaba la ley. La declaración como testigo de Botín en la Audiencia Nacional ante el juez que investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Popular, se centró en aclarar los pormenores del proceso por el cual su grupo adquirió el Popular después de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea interviniera la entidad el 7 de junio de 2017.

Según fuentes jurídicas, Botín admitió haber recibido las llamadas tanto del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, como del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para mostrarle su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado. Si bien aclaró que ni el organismo regulador ni Economía le presionaron «en absoluto», reconoció que el Santander recibió en mayo una invitación para participar en el proceso de venta privada del Popular.

En él, indicó, pudieron intervenir Rodrigo Echenique, como presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella nunca tuvo ningún contacto al respecto en este trámite. Tras estudiar el proceso, el banco concluyó que «había un deterioro de confianza en el Popular», una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas.

Pese a ello, recalcó que, hasta donde sabe, el Popular cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez. También estaba por debajo de la media de provisiones del mercado, aunque se mantenía dentro del marco fijado por la ley. A raíz de este análisis, el Santander no llegó a presentar entonces una oferta, y es que, en opinión de Botín, la compra no era posible en mayo en condiciones de mercado.