La Comisión Europea puso ayer punto y final al proceso legal contra el Gobierno de España —en realidad, contra la Generalitat Valenciana— por los 9 millones de euros en ayudas directas concedidas en el año 2018 a Air Nostrum para la renovación de su flota después de que la compañía haya renunciado por la pandemia al proyecto de reconversión de sus aeronaves y, por tanto, al dinero, que por otro lado nunca llegó a recibir.
El conflicto se remonta a finales de 2016, cuando el Consell de Ximo Puig anunció un acuerdo de colaboración con la aerolínea valenciana. El pacto nunca llegó a cristalizar por las dudas legales que generaba y se optó por inyectar esas ayudas directas por la vía de los presupuestos autonómicos a partir de 2018.
Ryanair, la compañía con más presencia en Manises y que entonces salía de una época de turbulencias con el anterior gobierno valenciano del PP, se querelló contra la Generalitat por lo que consideraba eran «ayudas de Estado». La tensión se elevó cuando Bruselas aceptó en octubre del pasado año abrir una investigación al respecto, al «albergar dudas» de que la ayuda en cuestión se enmarcara en los planes de protección medioambiental y alertar de que no debía «falsear indebidamente la competencia en el mercado único».
En concreto, la compañía quería adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes en consumo de combustible. En su defensa ante la Comisión, España, contra quien se dirigía el proceso porque la Unión Europea solo interlocuta con estados y no con autonomías, alegaba que no debía notificar a Bruselas la concesión de esas ayudas, porque la medida entraba en el ámbito de aplicación de las normas sobre protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC), que permiten a los Gobiernos concederlas si tienen un impacto positivo en el medio ambiente.
«Debido al brote de coronavirus, Air Nostrum decidió revisar su plan de inversión y renunció a la ayuda para renovar su flota. (...) Como resultado, la investigación de la Comisión ha quedado sin objeto y por eso la ha cerrado», dijo ayer el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La aerolínea que preside Carlos Bertomeu defendió en todo momento que el convenio respetaba la legislación autonómica, nacional y comunitaria y que el Banco Europeo de Inversiones ya había respaldado su proyecto en julio de 2017. Tras conocer ayer el cierre de la investigación declinaron hacer ninguna valoración.
