Los saldos calificados de «dudoso cobro» del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco del Consell, ascienden a 113,6 millones de euros, y representan el 65,2 % de las operaciones totales concedidas a terceros por la entidad financiera que dirige Manuel Illueca. Así lo reconoce el informe de fiscalización del IVF, correspondiente al ejercicio 2019, de la Sindicatura de Comptes de la C. Valenciana, que también destaca que las provisiones por deterioro de estos activos se elevan a 95,7 millones de euros y cubren el 84,3% de los créditos dudosos de este organismo público.
La Sindicatura recomienda al IVF que revise los saldos impagados, «dada su elevada antigüedad y proceder a su cobro o regularización». Al concluir 2019, los créditos concedidos a la Generalitat y otras empresas del grupo y asociadas se elevó a 356,2 millones de euros, frente a los 233,8 millones del año precedente.
La fiscalización también analiza los 42 contratos adjudicados por un importe de 710.809 euros. Según la Sindicatura, «hay determinadas asistencias técnicas, contratadas a través de tres contratos menores que deberían haberse adjudicado a través de alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público». Además, advierte de que en dos expedientes no se justifica adecuadamente a la correcta estimación y adecuación de los precios.
Sector privado
En el ámbito del sector privado, el IVF ha atendido 131 solicitudes de financiación de las que se han concedido 93 operaciones de préstamo por un importe de 65,5 millones de euros. La financiación aportada por el banco del Consell a las empresas valencianas durante 2019, según constata su informe de gestión, ha estado vinculada con proyectos que ascienden a 80,4 millones de euros.
Dos tercios de las operaciones que ha tramitado el IVF han tenido como beneficiarias a empresas con domicilio social, o bien con sede productiva, en la provincia de Valencia; el 9 % en la de Castelló y el 27 %, en la de Alicante.
Por otro lado, el informe del organismo dirigido por Illueca indica que se están desarrollando, en referencia al estadio de fútbol Rico Pérez, de Alicante, «procedimientos y mecanismos para la adecuada gestión de los activos adjudicados con motivo de actuaciones de recuperación y ejecución de garantías», cuyo valor asciende a 5,7 millones de euros. Estos figuran como activos no corrientes mantenidos para la venta y 3,4 millones, como inversiones inmobiliarias
En materia de avales al sector privado sólo se han producido minoraciones por cancelaciones, con lo que el riesgo por avales prestados al sector privado al finalizar 2019 es de 3,3 millones de euros. Y en el ámbito de la financiación empresarial al sector público de la Comunitat Valenciana el IVF continúa teniendo un papel destacado. Así, las operaciones suscritas con la Generalitat, sociedades públicas, entidades de derechos públicos, fundaciones e instituciones feriales suponen un riesgo vivo de algo más de 350 millones de euros.
