El tercer socio del Pacte del Botànic, Unides Podem, clamó ayer, como viene haciéndolo durante todo el fin de semana el segundo -Compromís-, contra la intención de la Autoridad Portuaria de València de ejecutar la ampliación norte del recinto del Grao una vez que el pasado viernes Puertos del Estado le dio vía libre al proyecto al considerar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 está vigente y que, en cualquier caso, es el propio Puerto de València el que tiene potestad sobre la materia.
Si el sábado y el domingo fueron algunos de los principales dirigentes de Compromís, como el alcalde de València, Joan Ribó, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el presidente de las Corts, Enric Morera, o la consellera de Cambio Climático, Mireia Mollà, los que reiteraron su rechazo a dicha ampliación, la portavoz de Podem València, Chelo Poveda, fue ayer un paso más allá de las palabras y anunció el propósito de esta formación política de sumarse a la vía judicial emprendida por la Comisión Ciudad-Puerto, que cuenta con el apoyo de más de cien organizaciones, principalmente asociaciones vecinales y de ecologistas.
El otro socio del Consell y principal apoyo político de Compromís en el consistorio valenciano que regenta Ribó, el PSPV-PSOE, por su parte, se ha alineado con el PP en esta cuestión y, en lugar de oponerse a la nueva infraestructura, ha pedido que su impacto ambiental sea nulo y que haya compensaciones para la ciudad. La ampliación norte va a ejecutarla la operadora portuaria TIL-MSC y conlleva una inversión de casi 1.500 millones, de los cuales 400 los aporta la APV. La nueva terminal se extenderá sobre una superficie de 136 hectáreas y tendrá capacidad para cinco millones de contenedores.
Quejas
Podem València, que reprochó a Puertos del Estado que mantenga «unas posiciones tan insensibles hacia el cuidado del medio ambiente», aboga por «la paralización o moratoria de la ampliación; revertir el Puerto de València a la situación de 2008 con el desmontaje de los diques de abrigo y contradique de tal forma que la afectación a las playas del sur sea la menor posible y se facilite su recuperación».
Fuentes de la autoridad portuaria valenciana ya aseguraron el pasado viernes, tras la decisión de Puertos del Estado, que no hay vuelta atrás estando vigente la DIA porque seguir paralizando la ampliación o no ejecutarla sería incurrir en prevaricación por los daños a la adjudicataria.
