Si alguien no tiene empleo que acuda a la Marina Mercante. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufre auténticos problemas para cubrir las ofertas de ocupación relacionadas con el ámbito del transporte marítimo. El antiguo INEM se ve obligado todos los trimestres a publicar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde anuncia los puestos de trabajo que las empresas comunican a los servicios estatales de Empleo para tratar así de cubrir estas vacantes.
Y en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2021 toman la delantera -en todas las provincias costeras de España, incluso en Lleida y Madrid- puestos de frigoristas navales, jefes de máquinas de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, pilotos de buques mercantes y oficiales radioelectrónicos. Además, los armadores también buscan cocineros, camareros, caldereteros, engrasadores de máquinas o bomberos espacializados. Estas profesionales forman parte de una larga lista de ofertas de empleo que el Servicio Público de Empleo Estatal considera de difícil cobertura en España. Como en las anteriores ediciones, el 90% de esos empleos proceden del sector marítimo.
Ventajas
Estos puestos de trabajo tienen ventajas para los inmigrantes. Así, la calificación de una ocupación de como de ‘difícil cobertura’ implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida a los extranjeros. Se abre así una posibilidad para que las personas de fuera de España tramiten la autorización para residir y trabajar en nuestro país. Los únicos puestos de trabajo que pueden ofertarse a estos colectivos son los citados como calificados de difícil ocupación.
Para la confección del catálogo, el SEPE ha tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones relacionadas con el sector de marina mercante, así como de los entrenadores y deportistas profesionales. Estos criterios se han establecido conjuntamente con las unidades de la Administración General del Estado, que por su ámbito de actividad tienen «autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con dichas ocupaciones», según recoge el BOE.
