El Consell no deberá indemnizar a los promotores de Intu Mediterrani como reclamaba la mercantil responsable del macrocentro comercial proyectado en Paterna. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la Generalitat al desestimar, en una sentencia fechada el 28 de abril y a la que ha tenido acceso este diario, la reclamación de responsabilidad patrimonial que solicitaba Intu Found Valencia S. L. al Ejecutivo valenciano por las dilaciones en la autorización de la obra, que lleva varios años provocando un conflicto en los tribunales entre ambas partes y que ahora suma un nuevo capítulo, en esta ocasión favorable al Consell.
Concretamente, Intu reclamaba a la Generalitat casi 285 millones de euros en concepto de lucro cesante y daño emergente por lo que considera un «funcionamiento anormal e irregular de los servicios públicos por dilaciones e irregularidades injustificadas y por la adopción de resoluciones contrarias a derecho».
Sin embargo, el alto tribunal autonómico expone en su sentencia que «no aprecia» que haya existido ese retraso premeditado del que los promotores acusan al Consell durante el proceso de validación de la obra al avalar la «complejidad» del asunto. «No se aprecia la existencia de dilaciones indebidas o de evasión de poder atendiendo a la complejidad del procedimiento y a la necesidad de ir solventando las cuestiones que se han planteado a lo largo de los años», reza el texto.
Esa «complejidad del procedimiento» de la que habla la sentencia» hace referencia al que ha sido el meollo de todo este conflicto judicial: el impacto que la construcción tendría en el medio ambiente. Intu presentó una Actuación Territorial Estratégica (ATE) que tras chocar con el bloqueo del gobierno valenciano, que consideraba que no cumplía con las garantías pertinentes, derivó en una larga batalla judicial.
Su penúltimo capítulo fue una providencia del Tribunal Supremo (TS), el año pasado, en la que confirmó la sentencia del TSJCV que daba la razón a los promotores al considerar que la Generalitat se había excedido en sus funciones al tumbar el proyecto en octubre de 2016 basándose en una memoria ambiental desfavorable que el tribunal tildó de «no consistente». Como consecuencia, se obligaba a la Generalitat a encargar un nuevo informe ambiental que fijara las condiciones para que la intervención fuera sostenible.
Así, puesto que el proyecto no ha sido rechazado y la ATE continúa su curso, el TSJCV opta ahora por desestimar la petición de lucro cesante, por la que la empresa pide 278 millones basados en un cálculo de cuánto habrían ganado si la ATE se hubiera validado en 2016. «No se acredita que los daños y perjuicios que manifiesta haber sufrido sean consecuencia de la actuación global administrativa, por cuanto la ATE va a continuar con su tramitación», por lo que no queda acreditada «la imposibilidad de materializar la actuación» como sostiene la parte actora en su denuncia.
A consultas de este diario, Intu avanzó ayer que «se reserva el derecho» de continuar con las «acciones legales oportunas» y que, en cualquier caso, su «objetivo e interés» es «seguir avanzando» en el marco del desarrollo y ejecución de la ATE y del proyecto.
