Serio toque de atención del sector azulejero a la Generalitat por sus discrepancias internas a la hora de despejar el camino de Feria València, atascado por la deuda y la definición de su futura naturaleza jurídica. En un comunicado hecho público ayer, la patronal de la cerámica Ascer reclamó al Consell «una solución de consenso» para la institución y realizó una advertencia de enorme calado porque vino a decir que, si la situación no se soluciona, las empresas podrían dejar de exponer: «En este contexto de incertidumbre, sin garantizar la viabilidad económica de la entidad, sin definir un modelo claro y consensuado de operación y sin garantizar un modelo de gestión que asegure la supervivencia económica de la entidad, resulta muy complicado para los sectores comprometer los recursos necesarios para asistir a un certamen en una entidad ferial que pende de un hilo».
El tirón de orejas cobra mayor significado si tenemos en cuenta que el clúster cerámico, como apunta la nota, «es el principal cliente de Feria València, cuyo certamen, Cevisama, ha supuesto alrededor del 30% de sus ingresos y que, en un contexto de normalidad, con la feria celebrándose en febrero de 2022, debería estar comenzando a preparar los espacios y las colecciones para el certamen del año que viene».
Así las cosas, Ascer afirma que «el Consell tiene capacidad de maniobra y de diálogo suficiente para anteponer los intereses de los sectores a las diferencias entre consellerías para alcanzar una solución que garantice la actividad ferial en el corto plazo».
¿Cuáles son esas discrepancias? Reduciendo el complejo problema de Feria València a los últimos acontecimientos, la cuestión estriba en que el proceso de subrogación definitiva de la multimillonaria deuda de la institución requiere cancelar la cuenta acreedora por casi 500 millones que mantiene con la Generalitat. La Conselleria de Hacienda, dirigida por el socialista Vicent Soler, considera que esa solución solo se puede conseguir si Feria València pasa a formar parte del sector público. Por su parte, la conselleria de Economía, comandada por Rafa Climent, de Compromís, ha presentado una fórmula para la naturaleza jurídica de la institución, que es por la que debe regirse en el futuro, basada en las corporaciones de derecho púbico como las cámaras de comercio. Se trata de una opción que Hacienda ha rechazado porque, dice, no permite cancelar la cuenta acreedora. Economía, que siempre ha dicho que su propuesta no conllevaba una solución para la deuda, está analizando las alegaciones de Hacienda y se prevé que en breve comunique cambios en el decreto que debe aprobar el pleno del Consell.
Temor por el futuro
Es en este contexto en el que se produce el comunicado de Ascer, en el que apunta que «desde el sector se percibe una falta de consenso en el Consell que se pone de manifiesto en las últimas declaraciones de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico rechazando la propuesta de la Consellería de Economía al modelo propuesto». De hecho, añade que tras la postura de Hacienda, «entendemos que se ha vuelto a la casilla de salida en la discusión sin poner una solución a la asunción de la deuda ni a la viabilidad económica, principales escollos para el desbloqueo de la situación. Vemos con preocupación el futuro de Feria y por extensión el futuro de los certámenes que en ella se celebran». En consecuencia y tras no «valorar cuál es el modelo más adecuado», «urge al Consell a poner una solución que aporte seguridad y certidumbre para aquellos sectores económicos directamente involucrados en el devenir de Feria».
