El 90 % de las ejecuciones hipotecarias de Valencia está en manos de fondos buitre radicados en Luxemburgo, Países Bajos y paraísos fiscales, según advierten fuentes jurídicas. Los bancos están renunciando a perseguir a los deudores y venden las hipotecas problemáticas cuando acumulan doce impagos. Las hipotecas acaban en manos de fondos con menos control judicial por su sede social y mucho más agresivos que los bancos. Estos fondos pueden llegar a llamar hasta «una veintena de veces al día» a un deudor para recuperar parte del dinero.
La letrada valenciana especializada en ejecuciones hipotecarias María José Alamar, del despacho Aliter Abogados, insiste en que ha cambiado el perfil de los demandantes de impagos porque los bancos apuestan por deshacerse de la deuda en cuanto empiezan a tener problemas para cobrar. «A los fondos buitre no les tiembla la mano a la hora de recuperar la propiedad porque viven desvinculados de las realidades sociales donde actúan», asegura. La abogada precisa que «el 90 % de las demandas hipotecarias por impago que llega a juicio está en manos de fondos buitres. Los bancos solo se quedan con casas que han sido reformadas y han ganado valor sobre la tasación e inmuebles que eran propiedad de empresas». De esta manera, esquivan las leyes aprobadas en los últimos años para proteger a familias vulnerables que firmaron la hipoteca de buena fe.
Los letrados apuntan que desde hace dos décadas los bancos venden las hipotecas problemáticas a fondos de inversión pero ahora el perfil de los compradores ha cambiado. «Esos fondos de inversión han revendido el crédito a fondos buitre porque son conscientes de que son deudas complicadas de cobrar. Hay hipotecas que se han vendido hasta cinco veces por una parte de su valor inicial. Esos fondos buitre saben que no van a conseguir nada sin presionar a los deudores porque muchos no tienen nada. Se llegan a presentar en el trabajo para presionarles», afirma María José Alamar, que es doctora en derecho, colabora en la Cátedra Habitatge de la Universitat Politècnica de València y lleva 150 procedimientos de desahucio.
La abogada insiste en que este tipo de fondos radicados en paraísos fiscales «están haciendo buenos a los bancos. Al final, a los banco les ponías cara, pero eso ha cambiado. Un fondo de este tipo puede estar en Luxemburgo y es imposible reunirte con él. Representan a inversores que buscan una rentabilidad y no son conscientes de la realidad de la persona a la que están demandando».
A pesar de los límites legales para proteger a los consumidores, este tipo de empresas aplican hasta un tipo de interés del 29 % por la demora. «Yo tuve el caso de una hipoteca de 147.000 euros por la que pedían 100.000 euros por intereses de demora», indica Alamar.
Problemas
Los bancos, según las mismas fuentes, están vendiendo las hipotecas problemáticas por entre un 10 % y un 40 % de lo que queda de deuda. El Gobierno aprobó una ley en 2019 para proteger a los consumidores y desde ese momento solo se puede iniciar un procedimiento judicial contra un deudor cuando acumula 12 cuotas impagadas en la primera parte de la vida de la hipoteca y 15 cuotas durante la segunda parte. Sin embargo, la abogada especializada en desahucios puntualiza que con la entrada de los fondos buitre este tipo de medidas se han quedado desfasadas. «Eran normas pensadas para proteger a los consumidores de los bancos y ahora tenemos en frente a fondos buitres», lamenta.
Hay fondos que se han hecho en la C. Valenciana con fincas enteras procedentes de Sareb. Algunos quieren convertir los inmuebles de esos edificios en pisos turísticos.
«Nos encontramos ante un grave problema social»
La abogada María José Alamar explica que una ley aprobada en 2013 «sirvió para paliar en parte la sangría de desahucios y protegió a muchas personas que estaban a un paso de la exclusión social. Han pasado ocho años desde entonces y se ha prorrogado la paralización de los desahucios de las personas vulnerables hasta mayo de 2024. En Aliter Abogados llevamos tiempo avisando, y nadie nos toma en cuenta, de que nos encontramos ante un grave problema social». «Yo solo en València tengo a setenta familias en esta situación. Pero en un momento u otro y de golpe, todos estos consumidores vulnerables que viven de prestado en casas que fueron suyas acabarán en la calle. Es un problemón del que no se habla y no se le busca solución, y acabará por explotar. Son necesarias políticas públicas de vivienda para evitar estas situaciones de vulnerabilidad», subraya Alamar.
