La Comisión Europea ha cerrado esta tarde las pesquisas abiertas por la ampliación del puerto de València. Bruselas, como ya hizo hace dos meses, advierte de que carece de base jurídica para intervenir. La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, había insistido minutos antes de la decisión final en que la Autoridad Portuaria de València actúa como juez y parte, y había exigido una nueva declaración de impacto ambiental para proteger la Albufera. Sin embargo, la Comisión ha avalado a la Autoridad Portuaria y ha señalado que los que estén en contra pueden acudir a los tribunales españoles.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, ha explicado que el proyecto no necesita una nueva declaración de impacto ambiental y ha incidido en que la zona sur no corre peligro. Poco después, un representante de la Comisión ha confirmado que no han identificado ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la Unión Europea. Tras escuchar la posición de la Comisión, los diputados han decidido por mayoría dar por cerrada las pesquisas.
Un ciudadano español bajo las siglas J.S.H. recogía en su petición de investigación dudas sobre las modificaciones que ha sufrido el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia desde la presentación de su versión original en 2007, que sí obtuvo una evaluación del impacto ambiental positiva.
En concreto, denunció cambios significativos en el dragado, los rellenos, la capacidad terminal y la capacidad de los buques.
El peticionario cree que los cambios que se han efectuado a este proyecto desde entonces deben ser sometidos a un nuevo examen de impacto ambiental, ya que su desarrollo podría afectar a zonas protegidas de la red europea Natura 2000. Sin embargo, la Comisión Europea ha cerrado las pesquisas sin entrar en el fondo del asunto.
