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Consecuencias de la pandemia

Los embargos se triplican tras el final del escudo social

Los lanzamientos de los alquileres también han comenzado a crecer y en octubre vence su moratoria para los más vulnerables

Concentración de la plataforma Stop Desahucios antes de la pandemia.

Concentración de la plataforma Stop Desahucios antes de la pandemia.

Los desahucios hipotecarios sobre todo tipo de inmuebles vienen bajando de forma sostenida desde 2015 gracias a las distintas iniciativas aprobadas por los sucesivos Gobiernos y a la mayor precaución de la banca a la hora de implementar una práctica que provoca una fuerte contestación social. En el 2020, debido a la pandemia y a las medidas impulsadas para paliar sus efectos económicos, marcaron un mínimo en más de una década de 6.915, un 322% por debajo de los 29.225 del pico de 2015, según el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, los últimos datos apuntan a que este ejercicio -tras el agotamiento de las moratorias hipotecarias que se pudieron solicitar hasta el 31 de marzo pasado- se registrará probablemente el primer crecimiento desde 2015, si bien hasta niveles muy alejados de aquel máximo.

Las ejecuciones hipotecarias o embargos de los distintos tipos de inmuebles (viviendas, solares, locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios y fincas rústicas) iniciados entre abril y junio ascendieron a 9.753, un 18% más que en el trimestre anterior y un 79% por encima del mismo periodo de 2020, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y lo que es más relevante, los procedimientos sobre viviendas de personas físicas se multiplicaron por 3,5 hasta alcanzar los 3.243 en el caso de las primeras residencias (máximo desde 2017 y el 1% y 253% más, respectivamente) y los 847 en las segundas viviendas (24,2% y 208%).

No todas las ejecuciones de hipotecas que se inician terminan con el desahucio o lanzamiento de sus propietarios, pero el fuerte incremento registrado apunta a un previsible aumento de estos últimos. Los trámites se inician cuando el banco declara el vencimiento anticipado del contrato, algo que puede hacer si el hipotecado deja de pagar 12 cuotas o una cantidad equivalente al 3% del capital del crédito en la primera parte de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7% del capital en su segunda parte. Se trata del paso previo para iniciar el proceso de ejecución (embargo del inmueble para saldar la deuda) y lanzamiento (desahucio), pero siempre se puede detener si el cliente se pone al día en los pagos o llega a un acuerdo con su entidad.

Medidas legales desde 2013

Los lanzamientos de viviendas vienen bajando desde hace años gracias a varias medidas legales y sectoriales. El Gobierno del PP aprobó en 2013 la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para familias en situación de vulnerabilidad, que posteriormente fue extendiendo y que el actual Ejecutivo amplió en marzo del año pasado tanto en plazo (hasta 2024) como en los colectivos beneficiarios. Además, el ministro popular Luis de Guindos impulsó también entonces un código de buenas prácticas, que obliga a las entidades adheridas, prácticamente todas, a ofrecer a las familias más desfavorecidas que no puedan pagar sus hipotecas distintas opciones, como una reestructuración de la deuda, una quita o la dación en pago con un alquiler social.

A ello se sumó el año pasado, con el estallido de la pandemia, las distintas moratorias legales (aprobadas por el Gobierno para hogares vulnerables) y sectoriales (impulsadas por la banca para un colectivo más amplio) en el pago de las cuotas hipotecarias, entre otros créditos. Según los últimos datos del Banco de España correspondientes al cierre de abril, la moratoria legal hipotecaria ha beneficiado a 272.715 asalariados y a 104.599 autónomos, que en conjunto debían 20.524 millones de euros a sus bancos (el 4,3% del saldo total de préstamos del sector). El aplazamiento de pagos impulsado por las entidades, por su parte, ha beneficiado a 923.851 trabajadores por cuenta ajena y 223.594 por cuenta propia, que debían 34.267 millones (si bien en este caso no solo se incluyen hipotecas).

Como el propio INE subraya en su estadística de este martes, estas moratorias explican en buena media que los inicios de ejecuciones hipotecarias sobre primeras viviendas de particulares del primer semestre de este año (6.450) sean un 142% superiores a las del mismo periodo del año pasado (2.660). El plazo para solicitar el aplazamiento de hasta nueve cuotas venció el pasado 30 de marzo, porque la Autoridad Bancaria Europea dejó entonces de otorgar un tratamiento contable favorable a las mismas. Pero la mayor parte de las moratorias se concedieron el año pasado y han ido venciendo, lo que explica el aumento de los embargos en los últimos cuatro trimestres. 

Desahucios por hipotecas y por alquiler

El último dato de desahucios disponible, correspondiente al primer trimestre, apunta en la misma dirección. Entre enero y marzo, se registraron 2.548 lanzamientos de todo tipo de inmuebles hipotecados, el 4% menos que en el trimestre anterior (2.659) pero el 6,5% más que un año antes (2.392). Hay que tener en cuenta que en el segundo (300) y tercer trimestre (1.564) del pasado ejercicio se registraron cifras históricamente bajas por las moratorias y también por la baja actividad judicial durante el confinamiento, con lo que en los mismos periodos de este año se registrarán con toda probabilidad incrementos vertiginosos que harán que la cifra de 2021 esté por encima de la de 2020.

Un capítulo aparte es el de los desahucios del alquiler. El Gobierno aprobó el año pasado, también por la pandemia, una prohibición de los lanzamientos de familias vulnerables que viven de alquiler, así como la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago. En consecuencia, el año pasado se produjeron 21.145, el 42% menos que en 2019. La medida, que se ha ido prorrogando, vencerá el próximo 31 de octubre, salvo nueva extensión, y a partir de entonces podría producirse un fuerte incremento. De hecho, en el primer trimestre de este año se registraron 7.862, un 14% más que un año antes, porque los potenciales beneficiaros ya están cubiertos y los que no cumplían los criterios se han visto impactados por la crisis. 

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