El Gobierno central no parece dispuesto a colocar palos en la rueda en el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de València -cuyas obras podrían licitarse a final de este año y cuya explotación quedará en manos de la naviera MSC tras invertir unos 1.100 millones de euros- a la vista de las respuestas parlamentarias que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de facilitar a la diputada del PP Belén Hoyo. Así, el Gobierno considera prioritaria y estratégica esta infraestructura que «será probablemente una de las inversiones privadas más importantes de los próximos años en España y situará a València en una situación muy competitiva».
El Ejecutivo de Sánchez, en su contestación a la citada diputada de la Cámara Baja, realizada el pasado 8 de septiembre, sostiene que, «de no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud) en el año 2050», destaca el texto remitido a las Cortes.
El respaldo explícito del Gobierno central a la megaterminal del recinto del Grao se produce en este arranque del curso político y tras un período de dura oposición al proyecto de expansión que maneja la Autoridad Portuaria de València (APV) ejercida desde Compromís y Podemos, socios del PSPV en el Govern del Botànic, así como del partido morado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, estos partidos no descartan posibles reclamaciones a la Justicia para que paralice la ampliación del Puerto de València.
La respuesta del Gobierno al PP también alude al impacto económico que generará la futura terminal de contenedores tal como constata un estudio de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio y Propeller. En ese sentido, señala que la nueva instalación «generará 6.000 nuevos empleos (directos, indirectos e inducidos) cuando esté operativa y 600 millones de valor añadido a la Comunitat Valenciana (un 2,27% del total). Lo anterior -añade- va a contribuir a incrementar la posición estratégica del puerto como herramienta para mejorar la competitividad y, en consecuencia, a estimular la economía».
Mientras se paralizan otras grandes obras en España, como la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona tras las discrepancias entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, «la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores [de València] continúa su tramitación administrativa», puntualiza la respuesta parlamentaria.
La APV adjudicó ayer a la UTE formada por Analistas Financieros Internacionales, AFI Consultores de las Administraciones Públicas y Prometia la elaboración de estudios de impacto económico de los puertos de València, Sagunt y Gandia. Para este nuevo análisis se contemplará el tráfico de mercancías en los tres puertos y el movimiento de pasajeros en línea regular y cruceristas del de la capital del Túria. Para ello se tomarán como base las operaciones de la comunidad portuaria de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 con vistas a conocer el impacto actual de los recintos gestionados por la entidad presidida por Aurelio Martínez.
