La propuesta del Gobierno para subir las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan empresas y trabajadores con vistas a rellenar la hucha de las pensiones, garantizando así las prestaciones de los ‘baby boomers’, aportaría unos 200 millones anuales a las arcas públicas del Estado desde la Comunitat Valenciana. Esta autonomía aglutina a casi dos millones de afiliados a la Seguridad Social, de los que 1,5 millones son del Régimen General (el resto son autónomos, agrarios o empleados del hogar).
El Ministerio de Seguridad Social acaba de anunciar que prevé una subida de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante una década a partir de 2023. Y eso tendría su impacto en el mercado laboral. Así, un trabajador que percibe un sueldo medio, que ronda los 2.000 euros mensuales brutos (24.395 euros, según el último dato de la Encuesta de Estructura Salarial del INE), tendría que pagar unos 10 euros más al mes en cotizaciones. En el caso de un ‘mileurista’, las cotizaciones se reducirían a unos 5 euros.
La propuesta lanzada por el ministro José Luis Escrivá no ha pasado desapercibida a los agentes sociales. Según el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a priori, «no gusta que la solución a la sostenibilidad de las pensiones pase por un aumento de las cotizaciones, pues supondrán un aumento de los costes laborales totales, sin ningún aumento de productividad que lo sustente. Evidentemente -apunta el dirigente patronal- esto reduce nuestros niveles de competitividad. Sobre todo, para las pymes, que tienen menos margen de maniobra. No obstante, de momento sólo es una propuesta que habrá que estudiar en profundidad», agrega. Según Navarro, «la sostenibilidad del sistema de pensiones depende, fundamentalmente, del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral».
Medida equilibrada
Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, «se trata de una medida equilibrada y mucho mejor que la carga se aplicara sobre los jubilados». Para el dirigente de la central ugetista, «tendría un impacto mínimo sobre los salarios de los trabajadores. No se les está pidiendo un esfuerzo insostenible a los empleados», puntualiza. «Habrá que ver cómo se traslada esa medida a la negociación colectiva y cómo la trasladan los empresarios a las nóminas, que esperemos no se recorten», destaca Sáez.
Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO-PV, sostiene que nos encontramos ante una «primera propuesta formulada por el Gobierno» , que se aleja de «forma positiva» de la fórmula planteada en la reforma de 2013, el llamado ‘factor de sostenibilidad’ que iba a suponer una vinculación directa a la esperanza de vida y consecuentemente una importante merma en la pensión de los futuros pensionistas, fórmula que se deroga en el primer acuerdo alcanzado en materia de pensiones.
Según la dirigente de CC OO-PV, la propuesta del Ejecutivo central «también se distancia de declaraciones pasadas del ministro Escrivá que aportaban confusión y desconfianza a la sociedad», en las que se ponía el foco de atención en la demora de la jubilación como forma de hacer frente al gran reto que va a suponer la llegada en los próximos años de un mayor número de pensionistas, «cuestión en la que evidentemente no podemos estar de acuerdo», explica Ana Belén Montero.
