La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana lleva un año bloqueada por la falta de personal. El órgano de control que depende de la Conselleria de Economía Sostenible dictó su última resolución hace más de doce meses por la falta de funcionarios en el área de instrucción. La Conselleria de Economía,dirigda por Compromís, admite el problema y asegura que trabaja para resolverlo. La agencia valenciana es una facultad recogida en el Estatut d’Autonomia para proteger la libre competencia entre empresas privadas y para evitar que grupos empresariales actúen de forma coordinada para obtener licitaciones públicas a un precio más elevado.
La entidad valenciana de control de la competencia comenzó a operar en 2012 y en diez años ha resuelto 48 expedientes. El año más activo fue 2015 con trece resoluciones y desde ese momento (que coincidió con el cambio en la Generalitat y la llegada de Compromís a Economía) se desplomó la actividad de control. En 2016 resolvió cuatro expedientes, en 2017 aprobó tres, en 2018 visó cuatro, en 2019 tramitó uno y en 2020 sacó adelante tres, según se puede comprobar en la página web de la entidad. Durante todo el año 2021 no ha resuelto ni un caso.
La última resolución fue aprobada el 30 de noviembre de 2020 y fue una sanción a cuatro productoras por constituir un cártel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en À Punt, que fue la entidad que denunció los hechos tras expulsarlas del concurso. La Comisión de Defensa de la Competencia de la C. Valenciana sancionó con 26.103 euros a Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, -solidariamente por aplicación de la doctrina sobre unidad de empresa-; multó con 6.801 euros a Comunicacions dels Ports, cuyo responsable es Francis Puig; y a Visualiza con 3.337 euros, en el marco de un concurso de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) para contratar el servicio de recursos audiovisuales. Las otras dos resoluciones de 2020 fueron el archivo de una denuncia contra el Ayuntamiento de Gandia por una disputa entre comerciantes en el recinto ferial en las fiestas de Sant Francesc de Borja y otro archivo de una queja contra el Ayuntamiento de Sant Joan de d’Alacant por una cuestión sobre las competencias de los ingenieros superiores de minas.
A tiempo parcial
La Conselleria de Economía admitió ayer la falta de plantilla. El área de instrucción de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana dispone solo de dos funcionarios a tiempo parcial para tramitar los expedientes. Además, el órgano de control está infrafinanciado y carece de recursos materiales para ser operativo. Esto provoca que los casos no lleguen al órgano ejecutivo de la comisión, que está compuesto por tres personas (una presidenta y dos vocales). Economía subrayó que están trabajando «en el desdoblamiento del servicio y la creación de plazas. Es algo lento, pero lo estamos haciendo».
El objetivo de los órganos autonómicos de la competencia es llegar donde no lo hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Autoridad Catalana de la Competencia resolvió el año pasado once expedientes, la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía tramitó diez casos, la Autoridad Vasca de la Competencia analizó cuatro asuntos y la Comisión Galega de Competencia supervisó otros cuatro.
Defensa activa del servicio de VTC y los apartamentos turísticos
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ha defendido activamente en los últimos años el servicio de VTC frente a la oposición de los taxistas y las viviendas turísticas frente a los hoteleros. Tras la normativa aprobada por el Consell con trabas a Uber y Cabify, Competencia criticó la limitación que tildó de «artificial», por ir contra la «evolución tecnológica» del mercado; y por «discriminatoria», ya que solo se aplica a los operadores de VTC y no a los taxis, pese a que también estos ofrecen a través de varias aplicaciones la posibilidad de la precontratación. «Es una importante distorsión competitiva en el segmento de mercado de la precontratación en beneficio del taxi», advirtió. La Comisión también mostró su desacuerdo respecto a la exclusión en el ‘Bono Viatge’ de los pequeños operadores de viviendas turísticas que no están constituidos como empresa.
