El sector fotovoltaico ha impulsado en los últimos tres años parques solares con una potencia total de 44 megavatios (MW) frente a los 6.000 MW previstos por el Consell para antes de 2030. La cifra supone el 0,7 % del objetivo fijado por la Generalitat para cumplir con los compromisos de descarbonización y como alternativa a la central nuclear de Cofrentes (que produce el 46 % de la energía valenciana y cierra en noviembre de 2030). El bloqueo administrativo y las trabas de algunos municipios complican la consecución del plan de la Administración. Red Eléctrica de España ha autorizado la conexión de cerca de 500 parques solares con una potencia de 8.093 MW, aunque parte de ellos quedarán descartados durante el proceso administrativo.
El presidente de la patronal valenciana de energías renovables (Avaesen), Marcos J. Lacruz, precisó ayer que en 2019 se enganchó a la red un parque de 4 MW, en 2020 no se desarrolló ninguno y en 2021 se conectaron plantas con una potencia de 40 MW. «Esta es la realidad», sentenció. Los parques fotovoltaicos en servicio en la Comunitat Valenciana tienen una potencia de 589 MW.
La Administración no ha autorizado todavía ni uno de los 500 proyectos en desarrollo
Los promotores se han encontrado con un muro burocrático en la Administración (estatal y autonómica) que está impidiendo un despliegue normal de las plantas renovables. Lacruz lamentó que la Administración no ha autorizado ni uno de los 500 proyectos presentados en los últimos meses y que conllevan una inversión de más de 5.000 millones de euros. «Esta situación mantiene bloqueada la creación de empleo en zonas rurales e impide la generación de energía barata y limpia. Si hoy estuvieran en marcha estos parques, el precio de la luz en el mercado mayorista no estaría a 200 euros el megavatio hora», advirtió el presidente de la patronal.
Compromisos
Los empresarios aseguran que están igual que hace un año a pesar de los compromisos de la Administración de agilización de los trámites administrativos. La Generalitat aprobó una normativa en 2020 para acelerar los parques renovables, que no está dando resultados. Un problema añadido es que la subida de las materias primas ha encarecido un 15 % los costes de instalación de los parques fotovoltaicos, lastrando la rentabilidad de los proyectos.
Antes del próximo mes de octubre, el 80 % de los proyectos en desarrollo en la Comunitat Valenciana debe haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De no conseguirlo, los proyectos perderán sus derechos de acceso y conexión a la red y la Administración puede ejecutar los avales presentados por los promotores (40.000 euros por cada megavatio de potencia). El sector calcula que los proyectos renovables previstos en la Comunitat Valenciana (6.000 megavatios de energía solar y 4.000 de eólica) pueden generar 24.500 nuevos puestos de trabajo en cinco años «con una legislación y una agilidad adecuadas para lograr que la Comunitat Valenciana sea un actor relevante y decisivo» en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
La Comunitat Valenciana es la séptima región española por potencia fotovoltaica instalada, muy por detrás de autonomías como Andalucía y Murcia e incluso de Castilla y León, que tiene una irradiación inferior.
