Actuar para reducir el disparado precio de la energía y adoptar medidas para apoyar a los sectores productivos y las familias menos pudientes que están siendo los más afectados por las consecuencias en la economía valenciana de la invasión de Ucrania por parte de Rusia son, a modo general, las dos grandes exigencias que la Comunitat Valenciana va a reclamar al Gobierno central, según afirmó hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con los agentes sociales para preparar el documento que el Consell remitirá mañana al Gobierno para que lo tenga en cuenta de cara a sus planes para combatir los efectos del conflicto bélico. Además, Puig destacó que la Generalitat se propone elaborar un plan de eficiencia energética en la Administración pública para ahorrar en el uso de electricidad. Asimismo, prepara una reforma legal para impulsar las energías renovables que podría estar aprobada este mismo viernes.
Después de que la patronal autonómica anunciara sus reivindicaciones la semana pasada, hoy fueron los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV los que presentaron sus propias solicitudes, en un encuentro al que también asistieron los directores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez y Joaquín Maudos, y los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent. Al término del encuentro, Puig y los líderes de los agentes sociales reclamaron al Gobierno y a Europa que limiten «como sea» la escalada de precios energéticos, además de pedir a los transportistas que se han sumado a los paros que recapaciten y retomen el diálogo sin «confrontación».
El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, abogó por actuar sobre los precios energéticos mediante una «cirugía fina» en impuestos, sin una rebaja generalizada, y que los ERTE sean «la última solución» y solo de manera específica para los sectores afectados. Sostuvo también que «la solución más rápida» podría ser una reducción de las retenciones del IRPF para los ciudadanos con menores rentas.
Por su parte, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, planteó medidas como recuperar los ERTE, contener el precio de los alquileres de locales, crear un mínimo vital de consumo energético gratuito o la suspensión definitiva de los procedimientos de deshacio.
