Los ayuntamientos de Zarra, Jarafuel y Ayora reclaman a la Generalitat Valenciana que desbloquee el desarrollo de parques fotovoltaicos. Los alcaldes no entienden las trabas de la Dirección General de Territorio y advierten de que sus municipios han seguido todos los pasos que les pidió el Consell para un desarrollo ordenado del despliegue renovable. Los ayuntamientos han impulsado un plan especial (pendiente de aprobar) que contempla el desarrollo de una decena de parques solares con una ocupación total de 1.000 de las 59.000 hectáreas de los tres municipios. Los primeros ediles subrayan el consenso vecinal, alertan de que es el último tren para evitar la despoblación e inciden en que los terrenos carecen de valor ecológico.
José Vicente Anaya, alcalde popular de Ayora, explica que hace tres años la Generalitat les recomendó que hicieran un plan especial conjunto de ordenación de infraestructuras de generación de energía solar que han desarrollado siguiendo todas las normas marcadas por los técnicos. Los tres ayuntamientos descartaron todos los terrenos con afectación forestal o con valor ecológico y presentaron una propuesta para que se pudieran instalar los parques en una superficie de 5.500 hectáreas. La Generalitat recortó sus intenciones iniciales y autorizó la ocupación de 1.000 hectáreas. Sin embargo, la Dirección General de Territorio, que ocupa Rosa Pardo, ha introducido de forma unilateral un nuevo criterio que rebaja la zona a ocupar a menos de 400 hectáreas, según Anaya.
Los municipios destacan el consenso vecinal y que los proyectos son clave para frenar la despoblación
El alcalde socialista de Zarra, Ángel Pérez, asegura que el bloqueo de los parques fotovoltaicos es una condena a muerte de los municipios. «Ya hemos visto cómo algunos proyectos se han ido a pueblos de Albacete que están a 30 kilómetros. El problema está en la directora general de Territorio que se ha sacado una nueva directriz. La Conselleria de Economia está a favor y la de Medio Ambiente también. El despliegue de renovables no se puede parar porque es un imperativo de Europa para luchar contra el cambio climático. Yo confío en que se va a solucionar», subraya Pérez. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Economía, Rafa Climent, han anunciado que a finales de esta semana se va a aprobar un decreto ley para desbloquear la situación y agilizar el despliegue de plantas.
«Necesitamos la aprobación del plan especial. En nuestros municipios no tenemos nada. Estamos dejados de la mano de Dios. La realidad es que cada vez somos menos y dependemos de la central nuclear de Cofrentes, que va a cerrar en 2030. Estos proyectos suponen que haya actividad e ingresos, y que los ayuntamientos podamos generar puestos de trabajo», asegura Fernando Jorge García Martínez, alcalde popular de Jarafuel. «Hemos expuesto nuestra preocupación a la Generalitat y nos han dicho que trabajan en resolverlo. Cuando empezamos con el plan especial tuvimos en cuenta que tenemos el 90 % del suelo protegido y una vez cribado nos salían 5.500 hectáreas. Nos dijeron que no y tras un exhaustivo estudio lo dejaron en 1.000 hectáreas. Ahora con el nuevo criterio de Territorio se queda en menos de la mitad», lamenta.
Las plantas renovables deben compensar la producción de la nuclear de Cofrentes ante su cierre
El alcalde de Ayora incide en que la Administración no puede cambiar sus criterios cuando la tramitación del plan especial ya está en su fase final. «No tiene ningún sentido la directriz de la Dirección General de Territorio. Que el presidente de la Generalitat tome medidas y desbloquee esta situación. Estos proyectos son clave para frenar la despoblación y para afrontar la desconexión de la central de Cofrentes en 2030. Nos hemos limitado a seguir las instrucciones que nos dieron en 2018: redactar un plan especial entre los tres municipios para no llenar el territorio de placas. Si realmente quieren dejar el poder de decisión en los pueblos, que lo resuelvan de una vez», insiste José Vicente Anaya,
