Quedan menos de cuatro meses para que la gestión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana pasen de nuevo, según lo previsto actualmente, a la titularidad pública. El próximo 31 de diciembre terminan los 25 años de concesión privada otorgados en 1997 por el Consell de Eduardo Zaplana. Sin embargo, mucho antes de que llegue esa fecha, en concreto antes de que finalice septiembre, la Conselleria de Economia Sostenible quiere tener esta empresa pública legalizada y completamente lista para iniciar trabajos previos.
Así lo confirman a este diario fuentes del departamento que dirige Rafael Climent, que explican que "antes de la reversión se deben poner en marcha varios procesos", entre ellos todo lo que tiene que ver con las contrataciones de servicios, movimientos en el que, aseguran, "ya se está trabajando". En este sentido, las mencionadas fuentes apuntan a que este margen temporal servirá para subrogar los alrededor de 1.200 trabajadores de las diferentes empresas privadas que hoy llevan a cabo estas inspecciones.
Las peticiones de las ITV
Sin embargo, más allá de poner en marcha la nueva Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA, el otro gran asunto que sigue pendiente es cómo se resolverán las peticiones de las compañías concesionarias, que reclaman una prórroga de la gestión privada del servicio de ITV como indemnización por los perjuicios ocasionados por la pandemia de la covid-19. En esta tesitura, este agosto la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) -a través de su portavoz, Francisco Llopis- reclamaba que este plazo extra se extendiera "entre seis meses y un año, en función de la singularidad de cada lote que forma parte de la asociación".
No obstante, desde Economia Sostenible se insiste en que lo razonable es que este alargue sea menor, "de entorno a 53 días o dos meses", es decir, el tiempo equivalente al que estuvieron cerradas entre marzo y mayo de 2020. En esta línea, como ya explicaron a la asociación en una reunión en julio, las citadas fuentes insisten en que esta prorroga se podrá dar solo si se cumplen dos condiciones.
Por un lado, cuando las concesionarias "cumplan el requisito de acreditar las pérdidas por la covid", justificando ese perjuicio ocasionado "con las proyecciones de inspecciones que ha pasado cada concesionario en los ejercicios anteriores". A esto se suma, añaden las fuentes, la realización de una "petición homogénea" de la duración de esta extensión del servicio, debido a que "no tendría sentido que se realizara una ampliación de plazos de concesión diferente en función de cada estación". Además, añaden, va a ser "muy difícil determinar un tiempo homogéneo para situaciones diferentes, donde cada empresa, incluso cada estación, va a tener unos números diferentes".
Así, en el caso de que las empresas de ITV no efectúen una petición conjunta y demanden más perjuicios, "no vamos a poder ir a una ampliación de la concesión, sino que iremos a indemnización", aseguran desde la Administración, que apunta también a que con esta vía se tendrían en cuenta "si han tenido personal en Erte y otros factores".
