El minifundismo relega a la C. Valenciana a recibir solo el 2% de las ayudas agrarias españolas de la UE

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) constituyen alrededor del 90 % de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) a los agricultores españoles y suponen una garantía de renta para los 648.000 agricultores que presentaron su solicitud de ayuda en 2022, de los que 42.000 son expedientes de productores de la Comunitat Valenciana. El problema es el desigual reparto, que relega a la valenciana -debido a la estructura minifundista de sus explotaciones agrarias y al menor volumen destinado a los cultivos mediterráneos frente a los continentales- al furgón de cola en el 'ranking' por autonomías en la asignación de esos fondos del llamado primer pilar de la PAC con tan solo 68,9 millones de euros.

Por comunidades autónomas, destacan los 1.225 millones de euros de Andalucía; seguida de Castilla y León, con 793, y Castilla-La Mancha (498). Por detrás se sitúan Extremadura (364), Aragón (343), Cataluña (209) y Galicia, con 146 millones de euros en ayudas PAC. Mientras tanto, Baleares (23) y La Rioja, con 24 millones, son los territorios que menos fondos perciben de Bruselas.

Con la eliminación de aquellos expedientes que sean inferiores a 300 euros desde hace un lustro, gran parte de los solicitantes valencianos de las subvenciones de la UE han perdido esos ingresos. Los pagos directos de la PAC están dirigidos a los agricultores y ganaderos que cumplen los requisitos de agricultor activo: estar afiliado a la Seguridad Social por su actividad agraria y percibir al menos el 25% de sus ingresos totales de la actividad agraria.

Jóvenes beneficiarios, escasos

Mientras casi la mitad de los receptores de las fondos de la PAC tienen más de 65 años, según advirtieron recientemente las organizaciones agrarias AVA-Asaja y la Unió Llauradora, tal como constatan los datos del Ministerio de Agricultura, durante 2022 se asignaron 9.754.414 euros para la incorporación a la actividad de nuevos agricultores. Estas ayudas beneficiaron a 2.041 agricultores, con una asignación media por solicitante de 4.778 euros. De estos, tan solo 103 son de la Comunitat Valenciana, que acaparan una superficie de 1.874 hectáreas y han recibido un importe de algo más de 243.000 euros.

Este pago se concede por un máximo de cinco años a partir del ejercicio de la primera presentación de la solicitud. Desde la campaña 2023, dicha inyección de capital se convierte en la nueva ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, por lo que podrán seguir percibiendo la complementaria bajo este concepto por los años que les resten hasta completar el mencionado período de tiempo. Desde 2023, el importe a percibir es el doble del que se ha venido percibiendo hasta 2022, hasta un máximo de 100 hectáreas, sin estar condicionado al número de derechos que se posea como hasta ahora.

Irregularidades en fondos agrarios

Estas ayudas se fiscalizan cada vez más. España fue el cuarto Estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2018 y 2022, por detrás de Polonia, Rumanía e Italia, según el informe anual publicado ayer por la Oficina Antifraude Europea (OLAF). La agencia detectó 2.340 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos estructurales y de inversión europeos y fondos para la agricultura y el desarrollo rural entre los años 2018 y 2022, con un impacto sobre el 0,2% de los fondos recibidos.

La cifra rebaja los datos del periodo comprendido entre 2017 y 2021, cuando la agencia detectó 3.178 irregularidades en España relacionadas con la gestión, en este caso, de los Fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común, con un impacto sobre el 0,98% de los fondos recibidos.