Los créditos ICO de dudoso cobro se doblan en un año hasta el 8% de la cartera viva

Tres años después del estallido de la pandemia, los créditos bancarios con aval público del ICO creados por el Gobierno para evitar una debacle masiva de empresas, pymes y autónomos por la crisis sanitaria siguen mostrando un comportamiento más positivo del que hubiera sido esperable cuando se decretó el confinamiento en 2020, pero también registrando un deterioro progresivo. A medida que los beneficiarios más solventes van devolviendo anticipadamente su deuda, las empresas con más problemas de pago, que van en aumento, tienen un peso relativo mayor en esta cartera. Así, los préstamos de dudoso cobro suponían el 8,2% del saldo vivo al cierre de marzo, frente al 4,1% de un año antes, según la metodología de cálculo del Banco de España, diferente a la que usa el propio ICO.

El incremento se debe a dos factores. Por un lado, los repagos adelantados han hecho que la cartera viva de estos créditos haya disminuido en 13.203 millones y un 14,9% en un año, hasta los 75.418 millones de euros. Ello elevó en 1,2 puntos porcentuales el ratio de préstamos de dudoso cobro, que en términos homogéneos hubiera sido del 7% en lugar del 8,2%. Por otro, los problemas de pago de las empresas incrementaron los créditos de dudoso cobro en 2.539 millones y un 70%, hasta los 6.167 millones, con alzas tanto de los morosos (más de 90 días de impago: un 136%, hasta los 3.353 millones) como de los dudosos subjetivos (aquellos en que se percibe un muy alto riesgo de impago: un 27%, hasta los 2.813 millones). 

Los créditos ICO dudosos son mayores que los generales, como se esperaba, porque se dieron a pymes y autónomos en posición financiera más débil

Paralelamente, sin embargo, se produjo una reducción de los créditos ICO en vigilancia especial, es decir, aquellos cuyo riesgo de impago ha aumentado significativamente, pero no cumplen los requisitos para ser considerados dudosos (por ejemplo, la mayoría de los que llevan impagados entre 30 y 90 días). Estos préstamos han bajado en 5.376 millones y un 26%, hasta los 14.757 millones, y su peso sobre el saldo vivo ha caído del 22,7% al 19,6%. De hecho, los créditos ICO problemáticos o improductivos para la banca (la suma de morosos más vigilancia especial) se han reducido en un año en 2.836 millones y un 11,9%, hasta los 20.924 millones, si bien su peso en el saldo vivo ha aumentado ligeramente del 26,8% al 27,8% debido a la reducción de la cartera. 

Dentro de las expectativas

Por ponerlo en perspectiva, los créditos empresariales de dudoso cobro totales de la banca se redujeron en marzo un 16% respecto a un año antes, hasta el 4,6% del total y 22.117 millones, de los que los créditos ICO suponen el 27%. Aquellos en vigilancia especial cayeron un 17%, hasta el 9,7% y 46.321 millones, de los que los créditos ICO representan el 31%. Que los créditos avalados por el covid presenten ratios de deterioro mayores "entra dentro de las expectativas", como apuntó el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera.

Así, se concentraron en los autónomos y pymes de los sectores más afectados por la pandemia y con una posición financiera de partida más débil, que están teniendo más dificultades que el resto para volver a sus márgenes y beneficios previos al coronavirus. En cualquier caso, están muy por debajo del máximo histórico del 13,61% de dudosidad bancaria general alcanzada en 2013 o de los niveles superiores al 30% de la registrada por constructoras y promotoras tras el estallido de la burbuja.

Diferencias con el ICO

Las cifras del Banco de España, que irán creciendo en los próximos trimestres dada la naturaleza de estos préstamos, son diferentes a las que ha ofrecido el ICO (1,67% de morosidad hasta enero) debido a diferencias en la metodología de cálculo. El supervisor, así, toma como referencia el último saldo vivo del crédito dispuesto (hay cantidades aprobadas que las empresas finalmente no necesitaron, aunque las tenían aprobadas y disponibles). Además, calcula la tasa de dudosidad, en la que se incluyen tanto los créditos morosos como los de dudosidad subjetiva. Ello es así porque para el organismo supervisor lo relevante no es el impacto que puedan tener dichos créditos en las cuentas públicas, sino en los bancos y en la estabilidad del sistema financiero.

El ICO, por su parte, toma como referencia la cantidad máxima de crédito otorgado porque estima que ofrece la imagen más realista. Así, se trata de una cartera cerrada a nuevas entradas (el plazo para pedir los avales finalizó en junio del año pasado), que además se va reduciendo por las amortizaciones (principalmente de los clientes más solventes). En cambio, los créditos en mora o con mayores dificultades de pago no salen de la cartera, con lo que su peso siempre tenderá a aumentar respecto al saldo vivo. Además, el ICO tiene en cuenta solo los créditos impagados, ya que son los más relevantes para la institución pues son los que le obligan a pagar a los bancos.

Coste creciente

Según los cálculos de la entidad financiera estatal, así, la morosidad de estos préstamos -más de 90 días de impago- se limitaba al 1,67% (2.350 millones de euros) hasta enero. Las operaciones morosas, así, ascendían a unas 39.800 concedidas a en torno a 28.800 clientes, frente a las 1.192.484 que se concedieron (el 98% a autónomos y pymes) con 674.922 beneficiarios, que recibieron 140.737 millones de euros (de ellos, 107.187 millones avalados). La morosidad está siendo mayor en autónomos (2,38%), micropymes (2,55%) y pymes (1,82%) que en las empresas de mayor tamaño (0,55%),

Los impagos han llevado al Estado a abonar 391,4 millones de euros a la banca. Ello se debe a que el Estado se comprometió a asumir el 80% de las pérdidas que causaran a los bancos los créditos morosos a autónomos y pymes y entre el 60% y el 70% en las empresas de mayor tamaño. La cantidad desembolsada es todavía baja porque el ICO va abonando a las entidades el monto avalado de las cuotas impagadas, no todo el principal pendiente del crédito, ante la posibilidad de que el cliente vuelva a ser capaz de hacer frente a las cuotas. Con el nivel actual de impagos, el coste potencial para el Estado roza por ahora los 2.000 millones de euros, pero lo previsible es que estas cifras vayan creciendo a medida que los clientes en situación más delicada tengan más problemas para afrontar los pagos.

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