Nueva Pescanova rebaja a 1,43 millones el impacto por la quiebra de la “vieja” matriz

El procedimiento penal contra la antigua cúpula de Pescanova SA (vieja Pescanova) sentó a 19 personas físicas frente a tres magistrados de la Audiencia Nacional, además de a otras once sociedades mercantiles. Aunque el caso se dirigió sin ambages contra Manuel Fernández de Sousa –ahora en la prisión madrileña de Soto del Real–, los abogados de la acusación enseguida evidenciaron otro objetivo a atacar; que solo una sentencia condenatoria contra la auditora BDO permitiría a sus clientes recuperar algo de su inversión en la pesquera.

Era lógico: frente a los exiguos bienes declarados por los imputados –poco líquidos, a efectos de servir como pago de una sanción–, la auditora contaba con una póliza de responsabilidad con Mapfre por importe de casi 40 millones de euros. En primera instancia, el alto tribunal sí condenó tanto a BDO (falseamiento de información económica y financiera) como a su socio director Santiago Sañé (falseamiento de cuentas anuales y de información económica y financiera), de modo que los afectados por la quiebra podrían repartirse al menos esos 40 millones de euros. Pero la auditora fue exonerada por el Supremo; adiós a la indemnización.

Entre las personas jurídicas imputadas y declaradas después culpables estaba la propia Pescanova SA. En este caso, “como autora de un delito de falseamiento en la información económico-financiera”, y fue obligada a “reparar civilmente, de forma conjunta y solidaria [con Fernández de Sousa], los perjuicios causados a los inversores”. Un perjuicio de proporciones siderales, superior a los 165 millones de euros. Aunque las indemnizaciones satisfechas se quedarán, por el mayor concurso no inmobiliario de la historia de España, en el entorno de los 6,1 millones de euros. Es apenas un 10% de la inversión perdida por fondos y particulares en el inmenso agujero negro de la multinacional de Chapela.

Los perjudicados

• Luxempart: 51.162.445
• Delta: 40.182.609
• Silicon Metals: 23.310.126
• Golden Limit: 5.544.013
• Disa Corp.: 6.605.997
• Bankia: 19.959.494
• Ubi Banca: 18.899.617
• Banco Espíritu Santo: s/d

Nueva Pescanova, la heredera de la actividad industrial y comercializadora de vieja Pescanova, no formó nunca parte del juicio, celebrado en la macrosala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Aunque sí de manera indirecta. Ya lo anticipaba la antigua matriz en sucesivos informes anuales: incluso si la sentencia fuese firme –que ya lo es–, “deberá dársele el mismo tratamiento que a los créditos sometidos al convenio de acreedores de la compañía, con una quita del 97,5%”. Y, además, pagaderos por Nueva Pescanova, no por la sociedad anónima. Después de que el Supremo zanjase el caso el pasado mes de febrero, la compañía propiedad de Abanca ha divulgado el impacto de la quiebra en sus cuentas.

“El grupo ha actualizado el riesgo que podría asumir [...] y que se estima en un importe de 1,437 millones de euros a valor nominal, y cuyo coste amortizado asciende a 60.000 euros a 31 de marzo de 2023”. Nada que ver con las pérdidas de 51,16 millones de euros que sufrió Luxempart como accionista de la vieja matriz, los 40,2 millones que se le esfumaron a Corporación Económica Delta (Grupo Damm) o los 23,3 millones de perjuicio reconocido de Silicon Metals Holding. En esta nómina de grandes perjudicados también figuran Bankia (ahora integrada en CaixaBank, con 20 millones de euros), Disa Corporación Petrolífera (también de los Carceller, por otros 6,6 millones) o UBI Banca, con casi 19 millones.

Otra vía

Aunque BDO y Sañé fueron absueltos por el Supremo, la sentencia pronunciada por Manuel Marchena (ponente) fue muy incisiva contra el trabajo de la auditora. “Desempeñaron su función de manera descuidada, desatendiendo las facultades de supervisión a las que se había comprometido, y pasándole inadvertidas deficiencias relevantes que, en una praxis profesional adecuada, hubiera podido y debido detectar”. Pero entendió que no hubo dolo, pese a una “conducta censurable”. Por este motivo, el fallo emplazó a los afectados por la quiebra a emprender acciones civiles para recuperar su inversión, pero ya no penales.

“Ello podría justificar, con toda evidencia, el ejercicio frente a la auditora y/o frente a Santiago Sañé de las acciones civiles que pudieran considerar procedentes”. Fue una opción que sí exploró la firma luxemburguesa Luxempart, la más beligerante en el procedimiento y la más afectada por el descalabro de la pesquera. “La dirección analizará otras opciones”, confirmaron tras la decisión del Supremo. Pero la última información remitida a sus accionistas no avanza ningún procedimiento de reclamación –FARO trató de contactar con la entidad, sin éxito–, e incide en que la totalidad de la inversión perdida ya había quedado íntegramente provisionada en las cuentas de 2014.

Se da la circunstancia de que la mayor parte del dinero recaudado para el pago de indemnizaciones salió del propio bolsillo de la familia Sousa-Andrade. Los 4,651 millones de euros que el expresidente de la empresa y su esposa Rosario trataron de llevarse a China vía Portugal –lo que les costó una condena por alzamiento de bienes– fueron embargados de inicio, y finalmente incorporados al patrimonio de Fernández de Sousa para el pago de “responsabilidades económicas” por su gestión.

Arranca el primer ERE de la multinacional

Los representantes de las plantillas de back office en Chapela y Madrid de Nueva Pescanova están citados hoy a la primera reunión por el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que la compañía pretende prescindir de un centenar de trabajadores. Será la primera medida traumática en materia de empleo del grupo heredero de Pescanova SA; la multinacional no había ejecutado un despido colectivo en España desde el ERE de su antigua filial en Andalucía, Acuinova.

En el encuentro se facilitará a los responsables sindicales la documentación de inicio del periodo de consultas, así como el informe con el que Nueva Pescanova justifica la adopción de este expediente. El comité de empresa ha emplazado a la dirección a buscar alternativas y a retomar la vía de la negociación, y han pedido para ello también el respaldo de administraciones y grupos políticos. El ERE afectará a una de cada tres personas de eso departamento.

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