Condenan a Volvo a pagar 1,7 millones de euros por el sobreprecio cobrado durante el cártel de camiones

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia ha dictado una sentencia que condena al fabricante AB Volvo a indemnizar a una empresa de transportes valenciana con 1.733.444 euros, por el sobreprecio que le cobró al adquirir 221 camiones entre los años 2003 y 2010. En esos años los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF pactaron precios y lo repercutieron en los compradores.

Esta es la sentencia dictada en España por el cártel de camiones que marca un récord de indemnización al superar los 1,7 millones de euros, más los intereses legales desde la compra de los vehículos. El juez estima íntegramente el informe pericial presentado por Varona Legal & Numbers, despacho valenciano que ha defendido al demandante. Y en base a él impone la indemnización, estimando que el porcentaje de sobreprecio medio que el fabricante aplicaba a los vehículos fue del 20,08 %, tal y como detalla informe pericial presentado por Varona Legal & Numbers. En él se calculan con detalle los sobreprecios diferenciados que se aplicaron en cada año de funcionamiento del cártel. El fallo del tribunal valenciano también condena a AB Volvo a pagar las costas procesales en este caso.

"Grave daño"

En opinión de Ignacio Varona, socio director del área jurídica de Varona Legal & Numbers, esta sentencia "supone un reconocimiento del grave daño que sufrieron los compradores de camiones, en su mayoría autónomos y pequeñas empresas. Es un avance en la reivindicación judicial de pequeños empresarios frente a grandes compañías multinacionales, gracias al trabajo jurídico que estamos realizando y a la aportación de informes periciales que respaldan las peticiones de los perjudicados por el cártel".

Rafael Fuentes, el abogado defensor del demandante en este caso, valora positivamente que "los jueces están accediendo a estimar valoraciones del daño superiores al 5%. Es un premio a los damnificados y a los despachos que los defendemos, por acceder con mucho esfuerzo a los precios que aplicaban los fabricantes incluso antes del cártel: hemos valorado un histórico de más de 200.000 transacciones de camiones, mientras los fabricantes demandados siguen sin dar una respuesta sólida al móvil económico de la infracción".

El Supremo condena al cártel de camiones a indemnizar a los camioneros con el 5% del coste de los vehículos

Condena a los fabricante del cártel

El despacho Varona Legal & Numbers, según han destacado en un comunicado, defendió a seis de los demandantes que lograron la sentencia firme favorable del Tribunal Supremo condenando a los fabricantes del cártel de camiones. También obtuvo este año la primera sentencia en Valencia concediendo al demandante un daño superior al 20% por una demanda contra el cártel de camiones y fue igualmente este despacho quien consiguió las primeras sentencias de primera instancia en Alicante y Málaga referidas al cártel de camiones, así como la primera sentencia en toda Europa favorable de una Audiencia Provincial. En total, según destaca, ha presentado más de cien demandas en diferentes juzgados de toda España, representando a centenares de camiones adquiridos por transportistas, contra la totalidad de los fabricantes sancionados por el aumento de precios pactado por el cártel.

El despacho Varona Legal & Numbers está aportando a las demandas del cártel de camiones nuevos elementos de prueba, con un informe liderado por Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Esta última sentencia "admite la tesis y la cuantificación pretendida por la parte actora... a partir de la pericia rendida en esta causa". Esta sentencia aumenta sensiblemente la indemnización a pagar por el fabricante de los camiones, que en otros fallos de primera instancia en Valencia eran del 5%, como también fue la cuantía estimada por el Tribunal Supremo. La sentencia recoge los motivos sustentados por Varona Legal & Numbers en defensa de los transportistas, en cuanto a la naturaleza de la infracción y la capacidad de la misma para generar daños.