"El Estado debería tener presencia permanente en empresas estratégicas como Telefónica"

Unai Sordo Calvo (Baracaldo, Vizcaya, 1972), secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) desde 2017, ha estado esta semana en Asturias para participar en actos en Oviedo y Mieres. El dirigente atiende a LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en un contexto de intensa labor sindical, con negociaciones de los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y mientras grandes empresas como Telefónica o Arcelor plantean importantes recortes de plantilla.

–El Gobierno dará prioridad de los convenios autonómicos por encima de los estatales y sectoriales. ¿Qué le parece?

–Criticamos sobre todo el método que ha empleado el Gobierno, porque ha sido un acuerdo entre el PSOE y el PNV que no se ha analizado en el diálogo social. Dicho esto, CC OO no tiene nada contra los convenios autonómicos, porque pueden convivir perfectamente con los estatales. Nosotros querríamos haber utilizado esta reforma para racionalizar la estructura de convenios provinciales, que muchas veces no tienen sentido.

–El Ejecutivo propone una subida del SMI del 4%. Si aceptara la patronal, ¿CC OO validaría esa cifra?

–Pensar que va a haber un acuerdo con CEOE en materia de SMI me parece ahora mismo irreal. La propuesta del 4% es insuficiente. Primero, porque los trabajadores que cobran el SMI consumen productos muy básicos que están teniendo una inflación superior a la media. Y segundo, porque el SMI, para mantenerse en el 60% de la media salarial, debería subir de una forma acoplada al resto de salarios. Por estos motivos, nosotros solicitamos una subida del 5,2%. Si CEOE mueve su posición y se muestra dispuesta a negociar, nosotros también.

–Cepyme sostiene que las subidas del SMI han destruido 163.000 empleos desde 2018.

–No sé en qué se basan esos datos. Aquí lo único cierto es que el SMI es hoy un 47% superior a lo que era en 2017, y que con ese aumento estamos hoy en récords históricos de cotizantes a la Seguridad Social. Esto es absolutamente indiscutible. La relación entre incremento de SMI y destrucción de empleo ha quedado totalmente superada por los acontecimientos.

–La patronal asturiana advierte de que, en una región con tantas micropymes como esta, esa subida es difícil de asumir.

–Ese es otro equívoco que se quiere instalar. No hay una relación entre el tamaño de la empresa y que se pague el SMI u otros salarios. Las empresas pequeñas, como las medianas y las grandes, tienen que pagar lo fijado en los convenios colectivos. No sé de dónde se han sacado que la pyme paga salarios mínimos, porque afortunadamente no es así. La pregunta que me hago es qué viabilidad o qué futuro tiene una empresa que es incapaz de pagar 1.080 euros al mes.

–¿Qué opina de la reforma de los subsidios por desempleo?

–En general, la reforma mejora las cuantías y amplía el universo en que se aplicarán. Creo que tiene algunas insuficiencias: debería haberse mejorado su acceso para personas con contratos a tiempo parcial, y también disminuye las bases de cotización de los perceptores mayores de 52 años. Más allá de esto, el incremento se ha mezclado con otro debate, que es cómo se favorece la inserción laboral de los que cobran el subsidio. Y ahí tenemos que decir con claridad que subsidios de 480 euros no tienen ninguna responsabilidad en las tasas de paro. Pensar que la gente deja de trabajar porque tiene un subsidio que no da ni para la primera semana del mes es una irrealidad, y el Gobierno no debe alimentar ese discurso reaccionario.

–Arcelor negocia un ERE con, de momento, 200 salidas previstas, la mayoría en Asturias.

–A Arcelor les exigimos nítidamente una inversión estratégica en un momento que España, Asturias y la propia Arcelor tienen que aprovechar. Nunca como ahora va a haber más recursos públicos para favorecer las transformaciones del modelo de suministro energético para las empresas industriales y del acero. Estamos en una oportunidad única, pero tiene que haber un compromiso a largo plazo. Las empresas se tienen que corresponsabilizar en un proceso de transformación que no tiene marcha atrás.

–Es decir, que primero se concrete la inversión y después el plan de empleo.

–Primero la inversión y después, claro, perspectivas a largo plazo. Porque si se va perdiendo competitividad dentro del grupo, después no se sabe lo que va a ocurrir, y eso es lo que más inquietud genera. Los trabajadores de Arcelor ya han demostrado muchas veces su responsabilidad asumiendo ERTEs, acomodación de las jornadas a la demanda, la coyuntura internacional… Pero ahora no es un momento de andar trasteando con perspectivas a corto plazo.

–¿Qué opina de la entrada del Estado en Telefónica?

–Es una medida en la línea de lo que están haciendo muchos países en un momento en que está habiendo una reconfiguración de los poderes políticos. En este contexto, es más que razonable que los Estados puedan entrar en el accionariado para tener influencia en las empresas de sectores estratégicos como la defensa, el tratamiento de datos o las telecomunicaciones. Estas actividades no pueden depender de empresas donde tu país no pinte absolutamente nada.

–¿La presencia del Estado en este tipo de empresas debería ser permanente?

–Sí, debería ser permanente y extenderse a todos los sectores estratégicos. Es más, España y Europa corren el riesgo de convertirse en los últimos de Filipinas en este sentido, porque Estados Unidos, China y otras potencias están haciendo transferencias multimillonarias de recursos públicos para facilitar la transición energética a sus tejidos productivos a cambio de que las industrias se ubiquen en sus territorios. Está habiendo un cambio muy importante en todo el mundo, y yo en España veo a la derecha y a la extrema derecha ancladas en debates de la Guerra Fría, viendo bolivarianos y bolcheviques por todas partes y limitándose a pedir bajadas de impuestos para arreglarlo todo.

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