La Sareb solo coloca 23 viviendas valencianas en el plan de alquiler del Gobierno
Tanto la entidad como la Generalitat indican que siguen en conversaciones
Bartomeu Roig
El acceso a la vivienda, sobre todo por parte de jóvenes y personas con las rentas más bajas, es una preocupación creciente entre la sociedad de Castellón, debido a las dificultades para conseguir una hipoteca en tiempos de inflación y la escasa oferta de alquiler en lugares con elevada demanda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace casi un año una medida para captar viviendas y destinarlas a alquileres públicos asequibles. Una operación en la que tiene un papel fundamental la Sareb, el banco malo creado para dar salida a las propiedades en el limbo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
A pesar de las buenas intenciones, los resultados están muy lejos de cumplir con las expectativas. La Sareb puso a disposición de las administraciones públicas en la Comunitat Valenciana un total de 5.220 viviendas, divididas entre las 1.786 de Castellón, las 2.386 de Valencia y las 1.048 de Alicante. Sin embargo, desde la Sareb detallan que, en el pasado año, solo se llegaron a acuerdos con algunos ayuntamientos de la Comunitat. «Vendimos 23 viviendas en Torrent y Gandia», explican. Una cantidad muy pequeña en comparación con las necesidades existentes y con un plan que aspiraba a poner en el mercado del alquiler más de 180.000 casas en todo el país.
Consultada la vicepresidencia autonómica dedicada a las políticas de vivienda, encabezada por Susana Camarero, responden que en estos momentos «todavía estamos en conversaciones». Por parte de la Sareb manifiesta que «seguimos teniendo abierto el canal de diálogo que abrimos el pasado año con la Generalitat Valenciana para que analicen los activos que tenemos en toda la Comunitat».
Elevada cantidad de inmuebles
Sobre el papel, medidas como estas tendrían que ser una vía para digerir la elevada cantidad de inmuebles heredadas del crack del ladrillo. Pero se debe tener en cuenta que muchas de estas viviendas forman parte de proyectos urbanísticos fallidos en municipios alejados de las localidades más pobladas, con lo que no existe una demanda elevada. Algo que se da especialmente en puntos de costa, donde el interés de los compradores se centra en las segundas residencias.
Por otro lado, que no hayan fructificado acuerdos con la Sareb también tiene que ver con la complejidad burocrática de realizar estas adquisiciones. De ahí sus afirmaciones de que se mantienen las negociaciones, con la esperanza de que cristalicen a lo largo del presente año.
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