La subida del coste de la construcción frena la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana

La subida de los costes de construcción ha frenado la vivienda protegida a precios asequibles en la Comunitat Valenciana. El año pasado se entregaron 274 pisos de VPO frente a los cerca de 10.000 inmuebles de obra nueva terminados en las tres provincias. La Generalitat aprobó hace un año la subida del precio de venta de los inmuebles de VPO, pero como ya advirtieron los promotores el alza se ha quedado corta. Los promotores rechazan iniciar nuevos proyectos de vivienda asequible porque los números no les salen.

Toda la vivienda protegida terminada el año pasado en la Comunitat Valenciana estuvo destinada a la venta y se concentró en la provincia de Valencia. Los 274 inmuebles de VPO de 2023 en la Comunitat Valenciana contrastan con los 6.955 terminados en 2003 o los 8.347 de 1993, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (antiguo Fomento).

Miguel Esparza, director general de la promotora y constructora valenciana Urbem, incide en que el subidón de "los costes de construcción ha frenando la vivienda protegida. En los últimos años los costes han crecido una barbaridad". Urbem promovió un edificio de vivienda protegida con 109 viviendas en el PAI de Malilla y lo entregó a sus clientes en 2022. En 2021 se terminaron 485 viviendas protegidas en toda la Comunitat Valenciana y en 2022 subieron a 636, según los datos del Gobierno.

Los números no salen

Vicente Martínez, gerente de promociones de Olivares Consultores, coincide que el problema es la subida de costes. "La Generalitat revisó hace un año el precio máximo de venta de VPO (en València pasó de 1.819 el metro cuadrado a 2.200), pero el incremento de coste de los materiales de obra ha contrarrestado la medida. El bloqueo es el mismo", advierte. El problema es que el coste de construcción ronda entre los 1.200 y 1.400 euros el metro cuadrado a lo que hay que sumar el precio del suelo y el margen de beneficio del promotor (entre un 15 y un 18 %).

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) apunta que tras un largo periodo de estabilidad en los costes de construcción, el estallido de la pandemia (que provocó la rotura de las cadenas de suministro) supuso un cambio radical en esa tendencia. "Los precios de las materias primas y de la energía experimentaron un incremento desorbitado desde mediados de 2020. Esta situación se agravó tras la invasión rusa de Ucrania", señala ANCI. "El sobrecoste medio acumulado en las obras en ejecución en los tres últimos años derivado del incremento de precios de los materiales y la energía oscila entre un 12 y un 22 %, alcanzado máximos de hasta el 29 % en determinados proyectos", subraya la asociación de constructores.

Ni un piso de alquiler

La situación es más extrema en el caso de la vivienda protegida de alquiler. La falta de acceso a las ayudas públicas ha acabado en la Comunitat Valenciana con la promoción de pisos de alquiler protegido con un precio asequible. Los promotores están desviando sus inversiones a otras autonomías como Andalucía donde sí pueden cobrar las ayudas. Este tipo de pisos llegan a costar a los inquilinos la mitad que una vivienda sin protección, pero a los inversores tampoco les salen los números sin los incentivos públicos. El problema, según los promotores, es que la Generalitat no ha desarrollado la normativa que regula las ayudas como sí han hecho otras autonomías. En los últimos cuatro años solo se han construido en la Comunitat Valenciana 67 pisos de alquiler protegido, según datos actualizados hasta el 31 de diciembre del Ministerio de Transporte.

Suscríbete para seguir leyendo