Alfombra roja a los extranjeros que compran viviendas

El Govern balear está trabajando para limitar la venta de viviendas a extranjeros con el objetivo de frenar la escalada de precios que deja sin posibilidad de compra a los españoles. Aunque la medida pueda parecer a primera vista disparatada, otros países como Canadá, Finlandia, Malta, Croacia 0 Dinamarca restringen la compras de los foráneos. Los extranjeros adquirieron el año pasado el 37 % de los inmuebles vendidos en la Comunitat Valenciana y se gastan hasta un 50 % más gracias a que disponen de mayor poder adquisitivo que los valencianos. Las inmobiliarias admiten que en zonas de la costa, sobre todo en la Marina Alta, y en el centro de València los extranjeros están expulsando a los compradores nacionales. Sin embargo, la Generalitat Valenciana descarta imitar la política balear y el sector insiste en que hay que cuidar a los compradores foráneos porque «generan riqueza», aunque sea a costa de las posibilidades de compra de los valencianos. Las consultoras apuntan que una solución alternativa es recuperar las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con hipoteca ya que aliviarían la carga financiera que tienen que soportar las familias valencianas.

La escalada de precios de la vivienda llevó al Gobierno balear -integrado por PSOE, Podemos y Més- a crear una comisión para analizar la posibilidad de prohibir la adquisición de vivienda a los ciudadanos (extranjeros o no) que no lleven más de cinco años residiendo en las islas. El Consell balear no cierra la puerta a la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes pese al varapalo del Gobierno central, que hace unas semanas recordó que la Unión Europea «ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión».

Hay cuatro Estados europeos que permiten restricciones a la compra de vivienda por parte de no residentes. Son Finlandia para el archipiélago de las islas Aland, que está en el Báltico; Malta; Croacia por un periodo máximo de ocho años para tierras forestales y agrícolas; y Dinamarca. En 2014 lo intentó Córcega, que aprobó la figura del Estatuto de Residente. Sin embargo, la Asamblea Regional corsa no tiene potestad legislativa y la Asamblea Nacional francesa no lo autorizó.

Oposición del TJUE

En Alto Adagio (Tirol del sur, una región autónoma de Italia) la norma restrictiva duró un año y no fue impugnada. En una serie de municipios de Flandes (Bélgica) se aprobaron restricciones a la transmisión de la propiedad a personas que no tenían una vinculación suficiente con dichos territorios. Para poder comprar un inmueble se debía pasar por la evaluación de una comisión. La norma fue impugnada y el Tribunal Constitucional belga planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la restricción tenía encaje en los tratados. El tribunal falló que había posibilidad de que de manera justificada y por motivos de interés general esa restricción saliera adelante. Pero la justificación aportada fue rechazada.

El debate se produce en un momento en el que las ventas a ciudadanos extranjeros en la Comunitat Valenciana han aumentado un 42 % en el último año (tras el fin de las restricciones a la movilidad que todavía persistían en 2021). Los extranjeros ya compran un 37,25 % de los inmuebles vendidos en la Comunitat Valenciana. Una buena parte de esas viviendas son segundas residencias adquiridas por ciudadanos del resto de Europa que las utilizan durante temporadas para veranear. Un ejemplo del mayor poder adquisitivo de los extranjeros es lo que está ocurriendo en la provincia de Alicante (motor inmobiliario de la Comunitat Valenciana) donde el precio medio que pagaron los españoles en 2022 por una vivienda fue de 115.987 euros y el que abonaron los extranjeros se elevó hasta los 175.636 euros, según datos del Colegio Notarial de Valencia. En municipios como Xàbia el precio medio del metro cuadrado es de 2.904 euros (cerca 300.000 euros una vivienda de 100 metros) por la presión de las compras de ciudadanos con alto poder adquisitivo procedentes mayoritariamente de Países Bajos, Bélgica o Reino Unido.

La Generalitat Valenciana no se plantea en estos momentos limitar las ventas a los no residentes para tratar de controlar el precio de la vivienda, que en los últimos años se ha descontrolado (en la ciudad de València ha subido un 12,3 % en doce meses). Fuentes de la Conselleria de Vivienda (dirigida por Podemos) insisten: «No lo contemplamos. Estamos centrados en la ampliación del parque público de vivienda y en la emergencia habitacional».

El sector inmobiliario valenciano también se opone radicalmente a la limitación de las ventas, aunque admite que hay que tomar medidas. Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, reconoce que «los precios se están disparando por la gente que vienen de fuera. Hay muchos valencianos que buscan propiedades cerca de donde viven sus padres y no lo pueden pagar. Se está produciendo un desplazamiento del centro. Por ejemplo, ha habido un incremento muy fuerte de la demanda en Extramurs porque Ciutat Vella se está quedando como un coto para los extranjeros. Los de aquí se van a la Gran Vía, pero también se está encareciendo. La situación está muy complicada en venta y en alquiler». Recasens subraya que la solución no pasa por restringir las ventas a los no residentes porque «sería como prohibir el turismo. La solución es complicada porque deben mejorar los salarios. Hay que generar empleo de calidad a través de la atracción de empresas (como Volkswagen) para que dejemos de ser un nicho de jubilados (residentes europeos que eligen instalarse en España tras retirarse)».

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), advierte de que impedir la compra a los no residentes es «inviable y absurdo». «Hay medidas más factibles como limitar los alquileres turísticos. Otra solución es liberar suelo para que se pueda construir más. Los pisos no bajan de precio porque no hay suelo. Cuanto más suelo haya más bajarán los precios», sentencia.

Incentivos

Fernando Muro de Zaro, director general de OC Habitat, destaca que una medida efectiva es recuperar la desgravación fiscal a la compra de vivienda. «No tiene sentido prohibir las ventas. Son más razonables los incentivos fiscales». Muro de Zaro indica que en el caso de la ciudad de València los extranjeros se centran en viviendas ya reformadas (con lo que se encarece el precio) y valoran menos que tengan plaza de garaje. El directivo de OC Habitat apunta que los extranjeros que compran una vivienda suelen ser parejas de cincuenta años que ya piensan en la jubilación.

Vicente Martínez, gerente de promociones de Olivares Consultores, precisa que en el caso de la capital del Túria los extranjeros compran entre el 10 % y el 15 % de los pisos de obra nueva por lo que cree que no influyen en la subida de precios.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia advierte que limitar las ventas a los extranjeros «es como matar a la gallina de los huevos de oro·». «El valenciano que no se pueda comprar una casa en Xàbia, que se vaya a Oliva. Esto es como el que no puede comprarse un Mercedes», ironiza Vicente Díez, portavoz del Colegio de API de Valencia.

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