Reformas a golpe de decreto ley

Durante los últimos años, la utilización del decreto ley en el ámbito tributario ha sido una constante en nuestro país, con independencia del signo político del gobierno en cuestión.

El decreto ley, de naturaleza excepcional, no puede regular determinadas materias, entre las que se encuentran los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad que debe inspirar nuestro sistema tributario. A pesar de su carácter restrictivo, ha pasado a convertirse en un cauce recurrente para la aprobación de medidas fiscales, planteando problemas de constitucionalidad.

Ejemplos sonados son los Reales Decretos Ley 2/2016 y 3/2016. En ambos casos, la ausencia de una extraordinaria y urgente necesidad y las modificaciones sustantivas introducidas respecto impuestos claves como el Impuesto sobre Sociedades han motivado el cuestionamiento de la constitucionalidad del uso de este instrumento.

Estos son ejemplos de la inapropiada utilización del decreto ley como instrumento para aprobar medidas fiscales que, adoptadas de forma expresa sin concurrir una excepcional necesidad en su aprobación, pueden excederse de su ámbito material en la regulación de elementos clave de tributos fundamentales en nuestro sistema tributario.

El hecho de que el decreto ley deba someterse a la aprobación del Parlamento no obvia el hecho de que este tipo de normas eluda el trámite parlamentario previo que contribuya al enriquecimiento y consenso de las medidas tributarias aprobadas.

Prácticas legislativas como esta, junto con la creciente creación de nuevos tributos, algunos aprobados a finales de año con efectos retroactivos en el ejercicio de su aprobación, plantean cuestiones de constitucionalidad sobre las que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse en un futuro.

Sin perjuicio de cuestiones jurídicas, no debe perderse de vista un debate de mayor envergadura, como es la necesidad de una reforma tributaria integral que, de acuerdo con las directrices europeas y en línea con los países de nuestro entorno, cuente con el consenso y la amplitud de miras necesaria para afrontar los retos que se plantean en un entorno internacional y de digitalización como en el que nos encontramos, y que no podrá ser tratados de forma eficaz con medidas parciales que supongan parches en el conjunto de nuestro sistema fiscal.