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El coste del despido vuelve a escena

bruselas insta a españa a abordar otra reforma laboral que ataje la dualidad entre trabajadores fijos y temporales

La reforma laboral de 2012 fue diseñada como herramienta capital del proceso de devaluación interna (reducción de salarios y precios) por el que apostó el Gobierno de Mariano Rajoy para sacar a España de la Gran Recesión (ganar competitividad exterior ajustando sobre todo los costes laborales, aunque a riesgo de deprimir el consumo doméstico y bordear la deflación).

El Ejecutivo considera que se están cumpliendo los objetivos de aquella reforma que abarató y facilitó el despido, dio más poder a las empresas en la negociación colectiva y una capacidad extra de adecuar las condiciones de trabajo (sueldos, jornadas y funciones) a la situación económica para preservar el negocio y el empleo. La tesis del Gobierno, contraria a la sindical, es que esos y otros cambios contuvieron la destrucción de trabajo durante lo más duro de 2012 y 2013 (fase recesiva en la que España perdió un millón de ocupados) y que, con la vuelta al crecimiento, la reforma ha contribuido a recuperar medio millón de empleos en 2014. Se felicitó por ello Rajoy durante una intervención reciente ante empresarios en Alicante.

Pero la Comisión Europea acaba de cuestionar los efectos de la reforma. Un informe conocido estos días sostiene que la rebaja salarial inducida por la norma ha resultado «lenta, ineficaz e injusta», en la medida en que ha golpeado a los trabajadores con contratos temporales de una forma «desproporcionadamente dura»: sus sueldos han sufrido rebajas medias del 20 %, tres veces más que quienes tienen contrato fijo.

Bruselas vuelve así a poner el acento sobre la «dualidad» o «segmentación» del mercado de trabajo, características que una corriente de expertos achaca a las carencias que las reglas e instituciones laborales españolas arrastran desde la elaboración misma del Estatuto de los Trabajadores. La Comisión Europea apunta en una dirección conocida: las decisiones de las empresas de contratar, despedir o modificar los salarios están distorsionadas por «el relativamente elevado grado de protección en el empleo que la legislación concede a los trabajadores con contratos indefinidos».

Vuelve así a escena el coste del despido. Lo hace también con la reciente propuesta del servicio de estudios del BBVA para cambiar de raíz el sistema indemnizatorio español y rebajar los costes para el empresario hasta el punto de que, en los primeros años, resulte más barato prescindir de un trabajo fijo que de uno eventual. Existe consenso en que la dualidad laboral es socialmente injusta y económicamente poco productiva. No lo hay ni lo habrá acerca de que la solución para corregir la precarización del empleo esté en abaratar el despido o rebajar el sistema de garantías que conforma el Derecho del Trabajo, las reglas que alivian el desequilibrio natural de poder entre el empresario y el asalariado. Normas que parecen dejar de lado a los empleados temporales.

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