Durante los últimos siete años los españoles hemos vivido un período de grandes turbulencias económicas, que empezaron con el temor a que desaparecieran nuestros apreciados ahorros.
El entonces vicepresidente económico del gobierno, Pedro Solbes, se vio obligado en octubre de 2008, ante la inquietud general, a aumentar la garantía de los depósitos „en caso de quiebra de una entidad financiera„ hasta los 100.000 euros por entidad y titular. A finales de 2008 nuestra economía entró en recesión y, apenas medio año después, la ministra de Economía, Elena Salgado, auguraba unos «brotes verdes» que aún estamos esperando. Fueron dos años intensos en los que empezó a correr el rumor de que si tenías ahorros en determinadas cajas de ahorros corrías el riesgo de perderlos por su presunta falta de solvencia.
Como consecuencia de la crisis empezaron a incrementarse exponencialmente los impagos en las instituciones financieras, fruto de un desmedido aumento de crédito durante los años de bonanza. Los ahorros en cuenta o depósitos no se perdieron, aunque sí las inversiones en preferentes. Ante la situación de inestabilidad financiera, se hizo evidente la necesidad de llevar a cabo un proceso de reestructuración del sistema financiero. Para ello, el Gobierno aprobó en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En la práctica, la mayor parte de acciones llevadas a cabo por éste se destinaron a ejecutar procesos de integración entre cajas de ahorros, lo que tampoco dio buenos resultados. Véase, por ejemplo, el caso de Bankia.
En la primavera de 2010 llegó la crisis de la deuda soberana de la mano de Grecia, seguida por Irlanda a finales del mismo año y Portugal un año más tarde. Y, aunque es cierto que afectó a España en menor medida, contribuyó a generar más tensión en los mercados financieros. La tensión siguió aumentando y, entonces, apareció nuestra temida «prima», una pariente que no hacía más que engordar y que hipotecaba nuestro futuro. Ya en julio de 2012 nuestra prima de riesgo llegó a superar los 600 puntos básicos. Una vez más, el Ejecutivo vio la imperiosa necesidad de actuar sobre el sistema financiero. Fue así como en junio, viendo su imparable aumento, solicitó ayuda financiera externa. El programa para la recapitalización de las instituciones financieras en España fue aprobado por el Eurogrupo en julio de 2012 y ese mismo mes se firmó el Memorandum of Understanding. El principal objetivo del programa era aumentar la capacidad de recuperación del sector financiero en el largo plazo y recuperar el acceso al crédito bancario. Como contrapartida, España se comprometía a cumplir una serie de recomendaciones en materia de estabilidad macroeconómica.
Más de dos años después, y al alcanzarse el séptimo año de recesión económica, la situación económica en España puede considerarse «estable». Atrás quedaron los sobresaltos y las idas y venidas intentando sanear el sistema financiero.
Sin embargo, tampoco se puede decir que la situación económica haya mejorado. Simplemente, parece que nos encontramos ante un periodo económico en forma de U: hemos caído y ahora nos situamos en el fondo de esa U. No es de extrañar, por tanto, que España siga teniendo graves problemas económicos: pagos de deuda, empresas que se siguen quejando de que no les llega el crédito, desahucios, aumento de la pobreza infantil€ En definitiva, la economía no crece y, por ende, las altas tasas de desempleo no disminuyen. Una de las principales razones de esta falta de crecimiento es que no se ha conseguido sustituir el modelo de crecimiento económico basado en el sector inmobiliario por otro modelo.
El economista español de la London School of Economics Luis Garicano ha descrito con gran acierto en su libro El dilema de España la situación a la que se enfrenta la España actual: la elección entre el populismo o llegar a ser un país más productivo y, por tanto, con un nivel de vida superior. La primera opción resulta mucho más cómoda y sencilla. Para la segunda el autor propone una serie de cambios en tres ámbitos: educación, instituciones económicas e instituciones políticas.
Durante los años de bonanza económica previos a la crisis hubo altas tasas de abandono escolar. Era relativamente sencillo encontrar empleo no cualificado, y, en muchos casos, mucho mejor remunerado que el empleo cualificado. Por tanto, no se veía la necesidad de dar una educación superior o especializada a los jóvenes. Actualmente estamos viviendo un periodo de «fuga de cerebros» que no se detendrá si no se consigue crear un modelo económico productivo. De nada servirá tener personas altamente cualificadas y, a su vez, sin ellas será imposible desarrollar un modelo productivo.
Por lo que se refiere a las instituciones económicas, estos últimos años han quedado muy desprestigiadas por su opacidad y sus prácticas poco éticas. Pero quizás, lo más grave, es que hemos sustituido los «sobresaltos económicos» por «sobresaltos políticos». Los problemas políticos son los que ocupan actualmente el centro de atención de los ciudadanos. Los frecuentes escándalos de corrupción a todos los niveles, el crecimiento de fuerzas políticas como Podemos (reflejo de la indignación popular), el pulso del nacionalismo catalán€
Todo ello parece indicar que no nos dirigimos hacia un crecimiento basado en la innovación y el desarrollo. Por el contrario, apunta a que la tentación populista puede una vez más alejarnos de los raíles por los que transcurre la vida social y económica de las sociedades democráticas y más prósperas del mundo civilizado. Es hora, pues, de centrarnos en los problemas reales y tomarnos las cosas en serio para decidir qué tipo de España queremos.
(*) María García Alcober es profesora del Grado en Dirección de Empresas y del Grado en Marketing de la Universidad CEU Cardenal Herrera
