Dionisio Díaz toma asiento en el interior de la Iglesia Evangélica de la Asamblea Cristiana en un parque de oficinas de Doraville, un suburbio de Atlanta. Acaba de terminar otra semana de seis días trabajando con un equipo de paisajismo, cortando el césped y podando arbustos. Sosteniendo con firmeza una Biblia, este inmigrante indocumentado de 37 años oriundo de Guatemala se une a docenas de feligreses para cantar a toda voz un himno en castellano. Al término del servicio vespertino del sábado a fines de octubre, Díaz, vestido con traje negro, se levanta para saludar al pastor. «Mi sueño es salir a difundir el Evangelio, como usted», dice Díaz, con una sonrisa amplia en su rostro. «Es una bendición de Dios poder estar aquí».
En su viaje a los Estados Unidos, Díaz también fue ayudado por poderes más terrenales: contrató a una banda de contrabandistas de humanos, o coyotes, que lo hicieron cruzar la frontera estadounidense hasta un depósito clandestino en Mesa, Arizona, y luego hasta Georgia. Díaz pagó una parte del viaje utilizando uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, Wells Fargo.
Es una historia que se repite una y otra vez con las oleadas de inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos desde América Latina. Las bandas obtienen unos ingresos de 10.000 millones de dólares anuales gracias a unos 3 millones de personas que pasan de forma ilegal la frontera desde México, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Grandes bancos, como Bank of America , JPMorgan, Chase Co. y Wells Fargo, han sido utilizados como canales financieros para la industria del contrabando, según las pruebas que obran en una causa penal federal contra una banda de 15 contrabandistas de humanos y órdenes judiciales de fiscales de Arizona, Maryland y Texas.
El «gran negocio»
«El contrabando de seres humanos es un gran negocio», dice Stephen Adaway, jefe de la unidad de Investigaciones de Seguridad Interior estadounidense para el contrabando de humanos en Washington. «Y no podrían operar a semejante escala sin los bancos». Durante una cena con arroz y pescado en el restaurante Rincón Latino en Doraville, Dionisio Díaz describe hasta qué punto fueron cruciales los bancos para poder realizar el viaje de 6.600 kilómetros desde Sibinal, un pueblo en el oeste de Guatemala, hasta Georgia.
Díaz, un hombre enjuto, mantiene apretadas las manos mientras habla en tonos bajos, medidos. Justo antes del amanecer un día de diciembre de 2012, Dionisio y su sobrino, Danilo, de 22 años, cruzaron a pie la frontera de Guatemala con México y viajaron en autobús hasta la ciudad de Altar, en el norte de México. Allí, se reunieron con su coyote, Rafael, a las 2:00 horas de la mañana en la penumbrosa plaza central.
Por una tarifa de 1.400 dólares, Rafael organizó que los guiaran en una caminata agotadora de tres días por el desierto de Sonora hasta Arizona. Los dos hombres estuvieron cautivos, dicen, en una casa de estuco de un piso protegida por un muro de tres metros en Mesa, manejada por los contrabandistas.
Durmieron durante una semana sobre pisos pelados y sucios, apiñados con alrededor de 40 personas más en dos habitaciones -hasta que Federico, el hermano mayor de Dionisio, que ya vivía en Doraville, depositó 5.200 dólares en las cuentas de la banda en Wells Fargo. Luego, dos hombres subieron a Dionisio, Danilo y otros once inmigrantes indocumentados a una camioneta y los llevaron hasta Atlanta. «No íbamos a ninguna parte hasta que apareció el dinero en el banco», dice Dionisio.
No hay pruebas de que los bancos hayan trabajado a sabiendas en connivencia con los contrabandistas de seres humanos, pero las entidades no han cumplido con su responsabilidad de detectar y denunciar depósitos y retiros sospechosos de efectivo -incluido dinero que llega a través de sus cuentas a manos de bandas, dicen investigadores norteamericanos y responsables del cumplimiento normativo.
«Sospecha razonable»
«Los reguladores y los banqueros no están controlando sus cuentas como corresponde», dice el ex fiscal general de Arizona, Terry Goddard, que encabezó las investigaciones del contrabando de personas durante su gestión desde 2003 hasta 2010. «Existe un nivel de sospecha razonable que los bancos y reguladores no están aplicando».
La Ley sobre Secreto Bancario de 1970 y la Ley Patriota de 2001 exigen a los bancos comunicar las transacciones por actividades que puedan estar ligadas al lavado de dinero y otros delitos, incluido el contrabando de humanos. Los bancos deben designar a un responsable de cumplimiento normativo, identificar los delitos que sus clientes pueden llegar a cometer y desarrollar políticas para detectar y frenar dichas transacciones.
Los bancos deben denunciar cualquier actividad delictiva sospechosa a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), un organismo del Departamento del Tesoro estadounidense. La FinCEN remite los informes sobre la actividad sospechosa a la policía para su investigación.
Durante años, los contrabandistas han sido más ingeniosos que los bancos y los reguladores. En enero de 2006, los fiscales emitieron órdenes judiciales obligando a JPMorgan y Wells Fargo a buscar cuentas bajo sospecha de ser utilizadas por coyotes.
Cientos de cuentas señaladas
Las órdenes judiciales daban instrucciones a los investigadores de los propios bancos para que buscaran patrones comunes de los contrabandistas, como por ejemplo grandes depósitos de efectivo en un estado que son retirados en forma casi inmediata en el suroeste. Los bancos señalaron cientos de cuentas para que fueran investigadas por los fiscales, según una declaración jurada de un agente federal. No se les atribuyó ninguna infracción.
La policía de Phoenix apuntó a los mismos patrones de transacciones e incautó cientos de cuentas en Bank of America, JPMorgan y Wells Fargo desde 2006 hasta 2008. Desde marzo de 2014, los fiscales de Arizona obtuvieron órdenes judiciales de incautación para cerrar otras 325 cuentas sospechosas de pertenecer a contrabandistas en Bank of America y Wells Fargo. Y desde junio a septiembre de 2014 -en la Operación Coyote, conforme la llamaron los agentes- el Departamento de Seguridad Interior confiscó 950.000 dólares en 504 cuentas de bancos no revelados en Arizona, Maryland y Texas.
Hacer un depósito en efectivo en un banco no tiene nada de ilegal en sí mismo; es algo que se hace todo el tiempo. Pero al no impedir que los contrabandistas utilicen sus entidades, los bancos permiten que este comercio ilícito y a menudo violento continúe, dice Tom Welch, que dirige la unidad de crímenes financieros en la oficina de Seguridad Interior de Arizona.
«Estamos perdiendo»
«Pasa demasiado dinero para nuestro gusto», dice Welch. «Estamos perdiendo la batalla». Los fiscales y agentes federales comenzaron a presionar a los bancos para que tomaran medidas enérgicas contra los contrabandistas en 2013, con resultados ambivalentes, dice la portavoz del fiscal general de Arizona, Stephanie Grisham.
En 2014, Bank of America exigió a todos los depositantes de efectivo en los Estados Unidos que mostraran su identificación. JPMorgan comenzó a aceptar depósitos en efectivo en cuentas sólo de la persona nombrada en la cuenta y los co-firmantes oficiales. Wells Fargo no adoptó ninguna de estas medidas, según Grisham. «Wells Fargo no respondió», dice. Wells Fargo comprueba constantemente las cuentas y denuncia cualquier actividad sospechosa a las autoridades, dice la portavoz Richele Messick. El banco cumple con todas las leyes y normas, dice.
Orden de Obama
La inmigración es un tema político candente en los Estados Unidos, pero ni la Casa Blanca ni el Congreso han señalado el papel que desempeñan los bancos en el financiamiento del contrabando. El pasado 20 de noviembre, el presidente Barack Obama emitió un decreto para proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o que arribaron antes de 2010 siendo menores. Los legisladores republicanos se opusieron, por considerar que el plan era como una amnistía y exigieron, en cambio, más deportaciones.
Los suburbios de Doraville y sus vecinos Chamblee y Norcross en Atlanta -que albergan a 5.000 guatemaltecos- permiten tener una idea de la conexión entre la inmigración, el contrabando de humanos y los bancos. El hermano mayor de Dionisio, Federico, vive en Doraville desde hace 13 años. Cuando hizo el viaje desde Sibinal hasta los Estados Unidos, tuvo que llevar efectivo para pagar a los coyotes. Esto hacía que los inmigrantes fueran presa fácil de los ladrones -es una de las razones por las cuales los contrabandistas comenzaron a usar a los bancos.
«Sin nada»
«A muchos los dejaban sin nada en el desierto», dice Federico. Los contrabandistas comenzaron a utilizar más los bancos cuando el ex fiscal general de Arizona, Goddard, tomó medidas enérgicas contra Western Union, la firma de transferencia de dinero más grande del mundo. En 2010, la empresa con sede en Meridian, Colorado, aceptó pagar 94 millones de dólares para llegar a un acuerdo por investigaciones civiles y penales de la oficina de Goddard.
Western Union negó su culpabilidad reconociendo, no obstante, que empleados suyos habían permitido que contrabandistas de humanos utilizaran sus servicios entre 2003 y 2007. Aceptó contratar más investigadores y comunicar a las autoridades todas las transferencias que superaran 500 dólares hacia y desde el sureste estadounidense.
«Desde entonces, hemos visto un vuelco significativo a los bancos», dice la portavoz de la fiscalía general de Arizona, Grisham.«Tenemos relaciones de cooperación con la policía», dice el responsable de cumplimiento normativo de Western Union, Barry Koch. «Tenemos mecanismos muy sofisticados para detectar y prevenir y denunciar este tipo de actividad cuando la vemos».
No es una prioridad
Hasta los propios investigadores del sector dicen que los bancos pueden y deberían esforzarse más por cerrar los canales monetarios de los contrabandistas. Los grandes bancos piden a sus investigadores que se concentren ante todo en frenar el financiamiento sospechoso de terroristas, la evasión fiscal y las transacciones por tráfico de drogas. Más abajo en la lista aparece detectar cuentas que financien el contrabando de humanos.
«No logré que el contrabando de humanos fuera una prioridad», dice Holly Ray, que fue investigadora «anti-lavado» de dinero negro y responsable de supervisión normativa en JPMorgan en San Antonio (Texas), desde 2011 hasta agosto de 2014. Los contrabandistas prefieren Bank of America, JPMorgan y Wells Fargo porque para recibir los pagos necesitan bancos con sucursales en todo el país, dice Welch de Seguridad Interior.
Las bandas utilizan un plan simple llamado cuentas «embudo». Los contrabandistas abren cuentas a su nombre o el de colegas de confianza y dan instrucciones en los Estados Unidos a amigos y familiares de las personas que quieren emigrar para que depositen los pagos. Los contrabandistas retiran luego el dinero de sucursales de bancos, generalmente cerca de la frontera mexicana. La fiscalía general de Arizona dice que ha documentado 360 millones de dólares de fondos utilizados para contrabando de humanos que se movieron a través de cuentas «embudo» de Arizona desde 2008 hasta 2013. Ese canal bancario fue el que ayudó a Dionisio Díaz a salir de Sibinal, una ciudad de 20.000 habitantes 190 millas al sur de la ciudad de Guatemala.
