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El negocio del cuello blanco

Los mejores despachos de penalistas de la Comunitat Valenciana y España han disparado su cuentas de resultados gracias a los interminables, mediáticos y costosos procesos judiciales contra la corrupción. Pocos nombres son los que se han llevado el gato al agua y conocidos apellidos son los que capitalizan las causas más importantes. Las minutas que se pagan por estas defensas arruinarían al ciudadano medio.

La recientemente fallecida Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia y senadora, fichó hace pocos meses a uno de los mejores letrados de España, José Antonio Choclán. Este abogado madrileño lleva la defensa del exvicepresidente de la Diputación de Valencia y uno de los principales acusados en el caso Emarsa, Enrique Crespo, y fue durante cinco años defensor de Francisco Correa, el considerado como cabecilla de la trama Gürtel.

En Valencia también hay penalistas estrella que han acumulado la mayoría de casos mediáticos. Se trata de Javier Boix, el también profesor de Derecho en la Universitat de València. Boix llevó la defensa del exconseller de Solidaridad ahora en prisión, Rafael Blasco; del expresidente de la Diputación de Castelló y defraudador de Hacienda ahora en tercer grado, Carlos Fabra, y de Francisco Camps, para quien consiguió la libre absolución en la causa conocida como de los trajes.

Choclán y Boix han llevado a otros investigados por corrupción aunque sus minutas nunca se han hecho públicas. No como las del valenciano Jorge Bolás, quien percibió de Esteban Cuesta „principal imputado en el caso Emarsa„ 200.000 euros en un año por defenderlo en esta compleja causa que seis años después todavía no se ha juzgado. Tras esa primera asistencia, Cuesta ha tenido que recurrir a la justicia gratuita. Enrique Arnal, otro de los principales imputados en el saqueo de la depuradora de Pinedo ha dedicado 150.000 euros a su defensa desde 2010.

De esta causa también se ha conocido lo que percibirá la letrada del bufete Garrigues, María Teresa Fernández, quien fue contratada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) como acusación particular. La endiad destinó un contrato público de más de 400.000 euros para personarse en la causa. Antes ya había percibido dinero sin publicidad por el primer año de asistencia.

Igualmente astronómicos eran los 525.000 euros que iba a invertir la Diputación de Valencia en un penalista para el caso Taula. De momento, la institución está reconsiderando esta opción, aunque deberá enfrentarse a grandes letrados de los principales imputados. O el caso del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, quien destinó 315.620 euros en letrados en su cruzada contra los bancos y el hotel Gandia Palace.

El coste de las defensas se ha puesto por las nubes. Y los procesos se están haciendo eternos. La justicia cuando llega tarde no es justicia, dice la teoría del Derecho. Y en el caso de los procesos penales les puede costar el patrimonio.

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