La liquidación de la patronal autonómica Cierval es el epitafio de la crisis económica que desde 2008 viene azotando a la economía valenciana y española. El órgano autonómico de representación de los empresarios ha acabado hundido por las «malas prácticas» de las provinciales de Alicante y Castelló. Sólo la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha mantenido el tipo con una gestión rigurosa, austera y que ha implicado al capital privado. Las empresas, a sustentar la patronal sin depender del aguinaldo público.
Ahora, y tras el desastre, la CEV liderada por Salvador Navarro quiere abanderar una nueva patronal autonómica que elimine los vicios de la anterior. Reducir la subvención a la mínima expresión y acabar con los reinos de taifas, su pecado original. Mucho tendrá que trabajar la refundada patronal autonómica para vertebrar a los empresarios. No solo con vicepresidencias. Tendrá que trabajar sobre el terreno e, incluso, realizar ejecutivas en Elx, Alcoi, Castelló, Alicante o Vila-real. Y sumar, siempre sumar. Como el comercio desde griegos y cartagineses, la economía no debe entender de fronteras.
Otra cosa es la política. En la tentativa de refundación de la C. Valenciana tras la debacle económica y moral, Ximo Puig podría haber aprovechado para asestar un golpe a la provincialización, aunque por los signos que muestra no será en esta legislatura cuando se liquide un modelo fracasado, arcaico y disfuncional. Nada acorde a la idiosincrasia comarcal valenciana. Las diputaciones, cuya única finalidad es desvertebrar una autonomía que se muestra perpleja ante estas fronteras administrativas, gozan de muy buena salud. Es lo que tiene disponer de dinero y ninguna competencia obligada.
Los defensores de estos entes mantienen que la institución está para velar por los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero lo que son -véase Imelsa o Carlos Fabra- son agencias de colocación para mantener un statu quo político.
La función crea el órgano y la necesidad, la función, que diría Lamarck. Con una conselleria para el ramo habría suficiente. Para todo lo demás que hacen las diputaciones ya existen en la Generalitat departamentos de Turismo, Cultura, Economía, Transparencia, Innovación...
Pero parece que, pese a la consolidación del Consell del Botànic, el fin de las diputaciones -o al menos la promesa electoral de vaciarlas de contenido- no llegará en estos cuatro años. Demasiado bien les va a los inquilinos del Palau de Batllia para «soltar el mos». Ya lo dijo un insigne político nacionalista valenciano al entrar en las Corts en 2007 gracias al invento de Compromís. «Ja estem dins». Ahora, veremos quién los saca de la Diputación de Valencia. De las de Alicante y Castelló ni hablo, porque bien es sabido por todos que el PP, un partido cada vez más rural, está encantado con el modelo que implantó la constitución jacobina de 1812. La de 1978 impulsó las autonomías. O un modelo u otro, ambos son un lujo que una sociedad pobre -económicamente hablando- no se puede permitir.
En manos del presidente Ximo Puig está aplicar la ley de coordinación de las diputaciones para vaciarlas de contenido. Luego, como todo, habrá que eliminarlas en Madrid. Y ahí también tiene peso para influir. ¿O para qué todo el camino de la gestora? La «vía valenciana» debería ser también pionera en acabar con el absurdo de las diputaciones y las provincias. Los empresarios han empezado a marcar el camino.
