De crisis en crisis. El miércoles pasado se cumplieron diez años desde que Bancaja se rindió a la evidencia y admitió que no podía seguir sola, que su balance hacía aguas tras años de una política crediticia desaforada sin el capital necesario para apoyarla. Aquel 10 de junio de 2010, la entidad que entonces presidía el exjefe del Consell José Luis Olivas anunció que se sumaba a un Sistema Institucional de Protección (SIP), la fórmula que utilizaron el Gobierno y el Banco de España para superar vetos autonómicos y reticencias locales y lograr la unión de cajas de ahorros con sede en diferentes territorios. La valenciana se incorporó a un proyecto liderado por Caja Madrid y del que formaban parte otras cinco pequeñas entidades: la Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, La Rioja y Segovia. Fue el principio del fin. Desde un punto de vista, claro. Desde otro, el origen de un banco, Bankia, que hoy sigue controlado por el Estado y que figura en boca de todos como una ficha esencial en el tablero de ajedrez de las nuevas fusiones.
De crisis en crisis. El estallido de la Gran Recesión un acontecimiento de carácter financiero e inmobiliario que derivó en una tormenta de deuda que estuvo a punto de llevarse por delante del euro- se consumó cuando el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers fue a la quiebra. Era septiembre de 2008. Los mercados financieros se colapsaron y los gobiernos salieron en ayuda de sus bancos con masivas inyecciones de dinero. No en España, donde se creía que su sistema financiero estaba lo suficientemente saneado para salir airoso del envite. Pero la realidad era otra, sobre todo en las cajas de ahorros, que, salvo excepciones mínimas, estaban podridas de créditos inmobiliarios sin capacidad de ser recuperados en cuanto el paro se generalizara, como sucedió. Y sin capital. Aunque Olivas trató de resistirse, finalmente se vio forzado a entrar en uno de los SIP impulsados por el Banco de España.
En realidad, la mayoría de cajas estaban en un callejón sin salida. El SIP de Bancaja y Caja Madrid, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que apenas llevaba seis meses liderando la entidad madrileña, trató de subsanar sus debilidades de nacimiento, la más grave el déficit de capital, con el objetivo de evitar la intervención estatal, acudiendo a unos mercados muy temerosos. El proyecto se denominó inicialmente Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que acabó convirtiéndose en la matriz de Bankia. En esta última se desgajaron los activos mejores del grupo y, en una operación exprés, debutó en Bolsa en julio de 2011. Fue una ratonera para miles de pequeños accionistas que creyeron en la solvencia de la entidad.
La Gran Recesión, que había alcanzado un primer fondo del valle en 2009, se reprodujo con dureza a partir de 2010 con la crisis de la deuda iniciada en Grecia y que contagió a los países del mediterráneo europeo, incluida España. La gravedad de la situación económica hizo más mella todavía en la banca y la nueva Bankia se fue dirigiendo cada vez más hacia el precipicio, en especial después de que su filial el Banco de Valencia fuera intervenido por el Estado en noviembre de 2011. Esa operación supuso el fin como vicepresidente de la nueva entidad de Olivas, en cuyo bagaje apenas cabe mencionar que mantuviera la sede social del grupo en València. La puntilla del proyecto llegó en mayo de 2012, aunque, según se mire, fue el punto de partida de la resurrección de una entidad que parecía condenada a desaparecer. El 7 de ese mes, el Estado decidió intervenir BFA/Bankia, cesó al consejo, nombró a José Ignacio Goirigolzarri como presidente en sustitución de Rato e inyectó 22.400 millones de euros para reflotar el banco.
Los inicios del nuevo equipo fueron bien difíciles -con una considerable reducción de empleos y oficinas para ajustar la red y contener gastos- en un contexto muy convulso por la reactivación de la crisis que no dio un respiro hasta el inicio de la recuperación hacia principios de 2014 y por las cuitas internas derivadas de la gestión de Rato, que acabaron en los tribunales. Fue el caso sonado de las participaciones preferentes y la salida a Bolsa de Bankia, esta última pendiente de sentencia en el juicio celebrado el año pasado. En ambos casos, la entidad tuvo que realizar importantes desembolsos para compensar a los inversores: en el primero, unos 2.800 millones y en el segundo, otros 1.200. Los reveses judiciales no han impedido que en estos ocho años Goirigolzarri y su equipo hayan saneado el banco y lo hayan consolidado en la cuarta posición del ranking en pugna con Sabadell con un volumen de activos de 209.500 millones. En 2017, absorbió BMN, otra entidad intervenida en la que el Estado tenía también la mayoría del capital. Tras esta operación, el 61, 8 % de Bankia es de titularidad pública. En la actualidad, el Gobierno tiene fijado en finales de 2021 el plazo máximo para la privatización de la entidad. No parece que dicha venta se vaya a producir de forma inminente, por las minusvalías que se generarían en un entorno bursátil tan volátil como el actual y con el valor de las acciones de la entidad en horas bajas, a no ser que el Ejecutivo necesite hacer caja. Tampoco será fácil que el Estado recupere el cien por cien de las ayudas públicas inyectadas en el marco de su nacionalización.
Y es que BFA/Bankia nació enmedio de una crisis y cumple la década inmersa en otra de consecuencias desconocidas pero sin duda drásticas e inciertas, al menos en cuanto a la afectación al sistema financiero. En este contexto, vuelven los cantos de sirena que auguran otra concentración bancaria, algo de lo que ya se hablaba antes de la pandemia. Bankia, que asegura no estar pensando en esa opción, figura como pieza central de cualquier movimiento, sea con Sabadell, como defendía esta semana Barclays, o con BBVA. Se verá.
